El urgente reclamo de la Ley contra la discriminación racial en Cuba


El Comité para la Eliminación de la Discriminación racial de Naciones Unidas realiza, periódicamente, el examen de las acciones de los estados partes en contra del racismo, a partir de la revisión de un informe que previamente presenta el país en cuestión.

Luego de presentado el informe cubano, en febrero del 2011, el organismo nos realizó una serie de las recomendaciones a partir de la falta de información precisa acerca de denuncias que presuntamente deberían realizarse (de ser Cuba un país normal diría yo) ante hechos de discriminación racial. En este sentido el Comité expresó, en los puntos 9, 10 y 11 de dicho documento:

9. El Comité lamenta que la información contenida en el informe periódico del Estado Parte no sea lo suficientemente concreta, y en particular la ausencia de datos sobre la puesta en práctica de la legislación nacional en materia de discriminación racial.

10. El Comité lamenta no haber recibido información sobre los procesos incoados y las penas impuestas durante el período en examen por la comisión de actos contrarios a lo dispuesto por la Convención, que prevé el artículo 295 del Código Penal. Si bien toma nota de las explicaciones dadas por la delegación sobre el mandato y funciones de la Fiscalía General de la República, sigue preocupando al Comité la ausencia de denuncias, enjuiciamientos y sentencias por actos de discriminación racial durante el período que abarca el informe (art.6).

Refiriéndose a su Recomendación general No 31 (2005) sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal, el Comité recuerda que la ausencia de causas puede deberse a la falta de información
de las víctimas sobre los recursos judiciales existentes y, por lo tanto, recomienda que el Estado Parte vele por que en la legislación nacional haya disposiciones apropiadas en materia de protección efectiva y recursos eficaces contra la violación de la Convención y que se informe debidamente al público en general de sus derechos y de los recursos legales de que dispone contra la violación de esos derechos.

11.El Comité observa con preocupación que la legislación penal del Estado Parte no contempla la motivación racial como circunstancia agravante de la responsabilidad penal (arts. 4 y 6).
El Comité recomienda al Estado Parte que enmiende su legislación de modo que la motivación racial constituya una circunstancia agravante de los delitos.

Dudo que en este país se hagan denuncias como esas, dado, precisamente, el paupérrimo amparo legal en que nos encontramos las personas negras para llevar a los tribunales casos de racismo. Mi vecina Marta, por ejemplo, cada vez que quiere y en dependencia de su nivel de frustración, me grita “negra cochina”. Yo, que he decidido que si ella muere de un infarto será el día que le quiten la libreta de abastecimiento y no por mi causa, hago oído sordo y sigo en lo mío. Pero me jode no tener un instrumento legal al cual echar mano y decirle “seré o no una negra cochina pero Ud. no me lo puede decir”.

En varios grupos de afrodescendientes, en los cuales participo ha salido, de manera reiterada, la necesidad de que nuestro cuerpo legal tipifique las conductas constitutivas de delito, como una forma efectiva de luchar contra el racismo (estructural, institucionalizado e individual) que permanece, se enquista y reproduce en la sociedad cubana, la cual cada vez más se estratifica en clases sociales.

La Constitución de la República, como Ley de leyes, alerta en el artículo 42 el delito que constituye la discriminación por índole racial; sin embargo, no hay una norma específica que regule el procedimiento, como confirmamos en una sesión reciente de la Cofradía de la Negritud.

Hace pocos días, alguien advertía acerca del proceso complejo de escritura y aprobación de una ley en Cuba; sin embargo, en los últimos 10 años se han promovido y aprobado normas para regular desde las relaciones de los padres y madres con su hijo/a recién nacido/a, como la seguridad vial, los impuestos, etc. y ya se ha adelantado que en el 2013 se presentará un nuevo Código del Trabajo.

Considero entonces que para que tengamos una Ley cubana contra del racismo y la discriminación racial solo se trata de movilizar la voluntad política de quienes establecen las prioridades en este país, cuya sociedad justa y plena también es una propuesta, eso espero, para las personas negras y mestizas, quienes además participan de los retos que supone vivir en una Cuba del siglo XXI, donde proliferan las inequidades sociales, económicas y de toda índole.

La voluntad entonces se torna como aquello que tenemos que hacer creer en quienes deciden, nos toca entonces utilizar todas las vías posibles, seguir proponiéndolo en cuento espacio de debate asistamos, enviar cartas a la Asamblea Nacional, etc.

Por suerte, en esta nueva candidatura al Parlamento aparecen nombres de personas verdaderamente identificadas y conocedoras de la situación real de vida de la población afrocubana y quienes de seguro defenderán la propuesta de la Ley.

Off topic: Cuando Rigoberta Menchú visitó la Casa de las Américas, en febrero del 2011, nos enseñó como en Guatemala ya nadie les puede llamar “indios”, porque se establece casi instantáneamente un proceso penal en contra de la persona en cuestión. Ese es un resultado directo de la lucha de las poblaciones originarias de dicha nación, contra la estigmatización y la discriminación por motivo racial o étnico.