Por Zaida Capote Cruz
Creo que aprendí en Lévi-Strauss que las relaciones humanas son relaciones de intercambio. Y aun sin leer a Rousseau sabemos que sin acuerdo no hay gobierno posible. En Cuba, en vísperas del congreso del Partido, tanto aquel intercambio como este acuerdo están en crisis. Y por más que el espacio virtual se inunde de reclamos sobre la discusión ausente –innecesaria, en la lógica de la dirección del Partido, porque ya hubo una discusión popular previa a la aprobación de los “lineamientos”– no resolveríamos nada reeditándola.
Hay problemas en Cuba que son estructurales y no precisan, por tanto, de una discusión “para el congreso”, sino de otra, permanente y sincera, donde todos expongan sus opiniones y aporten sus saberes, y cuyos acuerdos reflejen los intereses del conjunto, no la opinión de “expertos” o cuadros del Partido, que, merece recordarse, no han sido electos por el pueblo. No es casual que algunos hablen de la necesidad de una nueva constituyente o de rediseñar el poder popular. El diseño político de la sociedad cubana dejó de resultar satisfactorio para muchos. Y su incapacidad para canalizar los deseos y necesidades de las mayorías queda en evidencia cada día.
Nos abruman, por ejemplo, con apariciones en los medios de prensa de funcionarios que abogan por mayor control, por mayor productividad, por mayor eficiencia (cuestiones que, en apariencia, corresponde solucionar al “pueblo”), sin que se apunte al responsable real de la falta de control, de productividad o de eficiencia. Es decir, se privatizan las decisiones, al tiempo que se transfieren las responsabilidades a –y se diluyen en– todos.
En cuanto al Partido, varios señalamos, en aquellas asambleas de discusión de la política futura, el contrasentido de que las organizaciones políticas y de masas –el Partido notoriamente, aún cuando sea el único– vivan del presupuesto estatal, a menudo utilizando los recursos a discreción, según la estructura interna de la organización y sin supervisión pública. Por otra parte, si alguna vez fue saludable para Cuba que el Partido tuviera en sus manos, además de la administración de los medios, la facultad de establecer gobiernos paralelos en todas las instancias, hoy no parece que lo sea. Oímos hablar mucho de los gastos superfluos, y de los costos de la salud y la educación públicas, pero nunca se habla de cuánto cuesta mantener, con los recursos del Estado (que, no hay que olvidarlo, son propiedad de todo el pueblo) al Partido y las demás organizaciones políticas y de masas o asociaciones profesionales, las cuales, para ser justos, deberían recabar sus recursos del aporte y la gestión de sus miembros.
Un tema particularmente serio es el de la sucesión presidencial en nuestro país. Como anunció el propio Raúl (puesto que la Constitución no lo prevé), su mandato cesará en febrero de 2018, es decir, en menos de dos años. Aunque tal vez la cuestión se discuta en el congreso, es algo que involucra a todos los ciudadanos, militantes o no. La organización y la cobertura de la visita del presidente de los Estados Unidos puede ofrecer algunas pistas. El supuesto sucesor, Miguel Díaz-Canel, no apareció prácticamente en las actividades públicas de Obama, y, en reciprocidad, uno de los expertos extranjeros en el tema de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, al ser entrevistado por Telesur, ofreció una lectura curiosa de la realidad cubana. Allí le escuché decir algo así como: “se dice que el futuro presidente será Díaz Canales [sic] pero hay que tener en cuenta que es posible que no lo sea, sino uno de los Castro: Mariela Castro, que tiene un alto perfil fuera de Cuba, y es muy respetada en el país, o Alejandro Castro Espín, que ha estado en todas las negociaciones del gobierno cubano y está tomando un sitio importante en el gobierno”. Su interlocutora, la periodista Arleen Rodríguez, increíblemente, no hizo el menor comentario; mejor aún, esa noche presentó a Mariela, en una entrevista personal, como “líder de opinión” en Cuba. Hay que rescatar la práctica cívica, la discusión y el diálogo del gobierno con el pueblo, no cabe duda.
Está claro, se repite una y otra vez, que las conversaciones con los Estados Unidos se llevan a cabo con “respeto y espíritu constructivo”, que somos firmes en la defensa de la soberanía nacional, así como en las exigencias del cese total del bloqueo y la devolución del territorio ocupado por la base naval de Guantánamo. Más allá de esos justos e inalienables reclamos, no sabemos a ciencia cierta qué acuerdos están en marcha. El afán por captar inversión extranjera, evidentemente la gran esperanza para remontar la crisis, puede ir de la mano con decisiones que afecten nuestra sociedad o el medioambiente (muchos expertos señalan, por ejemplo, el costo ambiental de los campos de golf –además de su inherente exclusividad social–, o el riesgo de la importación de transgénicos). No se trata de paralizarnos por miedo al error, sino de decidir todos juntos.
Quizá el congreso proponga a la sociedad cubana los cambios que necesitamos; pero la autoridad se consigue sobre todo cuando los gobernados están dispuestos a delegar en una persona, una institución o un gobierno, según sus méritos, sus propuestas o su capacidad de interpelación, el derecho a ella. Y no creo que el Partido cuente hoy con esa confianza. Ese es nuestro mayor dilema.
Foto de portada: Borja García de Sola Fernández
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