El libro “Negra cubana tenía que ser” se presentará en San Jordi 2020

El libro Negra cubana tenía que ser, de Ediciones Wanafrica, saldrá a la luz el 21 de abril de 2020 en Barcelona, España, en el marco de la Fiesta de San Jordi.

El volumen es una selección de artículos publicados en esta bitácora y en varios medios de prensa. Además el libro incluye textos inéditos.

Ediciones Wanafrica es una editorial especializada en literatura africana y sobre África, incluyendo su diáspora, en castellano y catalán y es tanto un proyecto cultural como una reivindicación social y política.

Para la presentación de Negra cubana tenía que ser  estaré participando de las diferentes actividades, firmando ejemplares y compartiendo con gente interesada en activismo feminista cubano, antirracismo, derechos de las personas LGTBIQ+, del 20 al 26 de abril del 2020.

¡Apunta la fecha y pasa la voz!

Sólo el Racismo les une

No existe tema o suceso alguno que una tanto a los cubanos como el #Racismo. Ningún otro. Ni siquiera el anticastrismo, tampoco un tornado, mucho menos la escasez de alimentos o una intervención militar a la isla. En todos los casos anteriormente nombrados aparecen siempre confrontaciones. Sólo el #Racismo puede unir con efectividad gente de una y otra orilla. Todos en masa, y a conga de insultos, corean que no existe #discriminaciónracial en #Cuba y que el #racismo es un invento de la #gentenegra con complejos que quiere llamar la atención. Eso creen tanto, quienes desde Cuba tildan a unos de “excubanos”, como cuando estos últimos llaman a los primeros “comunistas dictatoriales”. Ambos, además, romantizan la discriminación racial, con lágrimas en los ojos confiesan amar su “negro bembón” amiguito de la infancia y no falta el negro que se sienta tocado por la gracia ante tan bella amistad. Así se resume el drama del racismo antinegro de la gente de mi país.

Hannover, marzo 2019

Por qué voto No a la nueva Constitución de Cuba a pesar del artículo 82

La posibilidad de que todas las personas cubanas, independientemente de su identidad de género y su orientación sexual, pudieran legalizar sus uniones amparadas por la ley suprema se nos escapó recientemente de las manos.

El 18 de diciembre pasado, un tuit de la Asamblea Nacional del Poder Popular nos anunciaba que el artículo 68 que definía el matrimonio como “la unión voluntariamente concertada entre dos personas” ya no quedaría en la letra de la Constitución que será llevada a referéndum el 24 de febrero de 2019.

De esta manera, quedó sellado el debate que por cinco meses tuvo lugar en Cuba a raíz de la modificación del concepto de matrimonio. El cambio de “hombre y mujer” por “dos personas” habría abierto las puertas a la aprobación del matrimonio igualitario en el país.

Antes del 68

Ha sido harto divulgado que la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Juristas de Cuba y el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) trabajan hace años en un anteproyecto de Código de Familia.

Hasta julio del 2018, cuando se conoció que el Proyecto de Constitución contenía un artículo que abría las puertas al matrimonio igualitario, se pensaba que el nuevo Código de Familia propondría uniones civiles o consensuales como solución para las parejas del mismo género.

La jurista Zulendrys Kindelán Arias, quien laboró en el Cenesex desde  2007 hasta 2012 y participó en el proceso de redacción de dicha propuesta de ley (inédita), aseguró en un artículo publicado en Cuba Posible que “en el caso de las uniones de personas del mismo sexo, en la propuesta de nuevo ʻCódigo de Familiaʼ, se les reconocen los mismos efectos económicos que en el caso del matrimonio tradicional”.

También explicó que, en el caso de aprobarse la ley en cuestión, las parejas no heterosexuales podrían “reivindicar sus derechos” en caso de separación. Además, la norma jurídica resolvería “el estado de indefensión” de los miembros de la pareja “en materia de derechos sobre bienes, seguridad y asistencia social y transmisión de derechos hereditarios”.

Ahora, con la inclusión del artículo 68 en el Proyecto de Constitución en Cuba se abrió una oportunidad sin precedentes para que la institución del matrimonio dejara de ser discriminatoria, y pudiera constituirse como un derecho independientemente de la identidad de género y la orientación sexual de las personas involucradas.

El artículo fue apoyado por diversos sectores de la sociedad cubana, en especial por las personas LGBTIQ+, sus aliados, familiares y círculos de profesionales y artistas. Las casi exclusivas muestras de activismo tuvieron lugar en las redes sociales, donde varias iniciativas apoyaron etiquetas como #68Va y #PorElMatrimonioIgualitario.

 

Una de las imágenes que circuló en las redes sociales. (Tomada de Facebook).

Una declaración en apoyo al artículo 68, suscrita por intelectuales y activistas antirracistas, también circuló por las redes. Por otro lado, una besada organizada por el proyecto Proyecto Abriendo Brechas de Colores (ABC) fue una de las pocas actividades que pretendía tomar la calle.

Sin embargo, la besada solo engrosó la polémica alrededor del artículo 68 y el activismo LGTBIQ+ cubano. El encuentro fue movido de su lugar original ―frente a una de las iglesias que participó ferozmente en la campaña anti 68― y finalmente suspendido.

La página en Facebook de ABC compartió fotos y videos del encuentro supuestamente cancelado. A pesar de la indicación de no ir, un pequeño grupo de personas sí asistieron. Las razones, tanto para el cambio de lugar como para cancelar la convocatoria, así como aquellas que justificaban por qué habían asistido a pesar de la cancelación, nunca fueron adecuadamente comunicadas.

El suceso mostró las vulnerabilidades de nuestra “comunidad” LGTBIQ+ para gestionar y llevar a cabo acciones por sí misma, si la comparamos con las iglesias-contrincantes que realizaron un arsenal de actividades fructíferas.

A nuestro movimiento por los derechos de las personas LGBTIQ+ le falta, además de autonomía, espontaneidad y autogestión, compromiso con sus propias luchas. Del otro lado, lo más notorio fue el rechazo de los derechos de una parte de la población cubana por un sector nada despreciable de las iglesias evangélicas y católicas, las cuales tomaron literalmente las calles, movilizaron sus propios recursos económicos y humanos y se posicionaron de manera insólita en el escenario político del país.

De hecho, tal vez este sea, después de 1959, el mayor impacto de las acciones políticas desarrolladas o lideradas por las iglesias. Los sectores conservadores usaron el concepto de “ideología que género” para atacar, desprestigiar y acallar los avances de las luchas por la igualdad del movimiento feminista y de la diversidad sexual.

Por eso no creo que la movida organizada desde la iglesia sea un hecho aislado, sino más bien un camino trazado para que afloren sus verdaderas (otras) intenciones, las que van dirigidas también a:

  1. cuestionarse el Estado laico y el rol de la iglesia en el país;
  2. contraponer la educación sexual en el seno de la familia a la educación sexual en las escuelas y otras instituciones públicas;
  3. proponer la educación religiosa; y
  4. impugnar el acceso al aborto y la autonomía de las mujeres.

Hoy día, las personas que se organizaron desde las iglesias en contra del artículo 68 se adjudican el triunfo de su “activismo”.

Pollo por pescado: 82 no es 68

A partir del anuncio de Homero Acosta, transmitido por la Asamblea Nacional en forma de tuit, aparece en escena el artículo 82 de la nueva Constitución.

Según Mariela Castro Espín, directora del Cenesex, las particularidades/ventajas principales de este nueva formulación son:

  1. se reconoce el matrimonio como una de las formas de organización de la familia, y no como la única, dado que se introducen las uniones de hecho;
  2. se utiliza el concepto de cónyuges, lo cual no limita la posibilidad de que personas del mismo género puedan acceder al matrimonio;
  3. se limitan el binarismo de género, la heteronormatividad y la heterosexualidad obligatoria, o sea, no se habla en términos de hombres y mujeres; y
  4. no se alude a la reproducción como fin del matrimonio ni de las familias.

Artículo 82 de la Constitución aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular a finales de diciembre de 2018. (Imagen tomada de Cubahora, fragmento).  

Hasta ese punto, resulta indudable la superioridad del artículo 82 sobre el 68. No obstante, el uso de la palabra cónyuges podría conducir a interpretaciones varias. Estrictamente, los miembros de una pareja no son cónyugeshasta que no se casan.

Es cierto que, ante la imposibilidad de usar personas ―centro del ataque por parte de los fundamentalistas―, nos queda tan solo seres humanos y cónyuges.

Ahora, ¿definir el matrimonio usando la palabra cónyuges conlleva necesariamente a reconocer de facto aquellos que han tenido lugar por parejas del mismo género fuera del territorio nacional? Si la respuesta es afirmativa quedaría asegurado el reconocimiento inmediato de las parejas que contrajeron matrimonio en el extranjero, puesto que son cónyuges.

Por otra lado, la actual polémica alrededor del artículo 82 se centra en la disposición transitoria decimoprimera. Esa cláusula establece que dos años posteriores a la aprobación de la nueva Constitución habrá que repetir una consulta popular y un referéndum para aprobar o no un nuevo Código de Familia, donde necesariamente se decidirá sobre el matrimonio.

Aquí es donde sobrevienen una serie de interrogantes o contradicciones. La primera y más contundente de todas: ¿Cómo se puede plebiscitar un derecho humano? ¿Cómo este referéndum puede tener lugar en Cuba, en una sociedad que busca la equidad y la justicia social?

De hecho, el diputado Luis Ángel Adán Roble, quien es abiertamente gay y activista, cuestionó durante las sesiones de debate el abandono en que se dejaba a la ciudadanía LGTBIQ+: “Estamos poniendo derechos de personas y de grupos más vulnerables en una posición un poco crítica a la hora de llevarlos a un referendo popular”, dijo.

Otras preguntas se abren: ¿Es posible realizar una consulta que incluya los derechos de un grupo de personas sin que dicho proceso tenga un carácter discriminatorio y por tanto anticonstitucional? Dicho de otro modo: ¿Si el artículo 42 de la ley suprema declara la igualdad ante la ley de todas las personas en el archipiélago, ¿cómo es que se pretende preguntar si el matrimonio incluirá o no a todas? ¿Ese referéndum no viola en sí la Carta Magna?

También cabe la pena preguntarse por qué se prevé un referéndum específico para el Código de Familia, cuando las leyes que se han aprobado en Cuba en los últimos años solo han sido votadas por la Asamblea Nacional. Así sucedió con el Código del Trabajo y la Ley de Inversión Extranjera, entre otras.

A esto se añaden ciertas preocupaciones: si diez años de jornadas contra la homofobia, si varios filmes, documentales, obras de teatro, libros, debates, publicaciones, etc., no han sido suficientes para “cambiar la mentalidad”, ¿cómo podemos pensar que en dos años podríamos mover la balanza hacia la aprobación del matrimonio igualitario en un país donde el machismo, la misoginia y la homo-lesbo-transfobia son el orden del día?

¿Cómo dejar en manos de una “mayoría” el destino de la vida de miles de seres humanos quienes también son parte de la ciudadanía?

Como quiera que sea, no hay vuelta al artículo 68. Ahora se impone tomar partido acerca del voto ―positivo o negativo― que daremos a esta ley suprema, la cual contiene un defecto primigenio: hay que votarla en todo su conjunto.

Al mismo tiempo, la nueva Constitución presenta otros artículos especialmente polémicos. Sin embargo, quedaron detrás de la humareda que levantó el debate sobre el matrimonio igualitario.

El monopartidismo, la discriminación por motivos políticos, el tratamiento insuficiente del tema de la discriminación racial, la propiedad privada y la irrevocabilidad del socialismo, no generaron las discusiones necesarias ni fueron tratados por los medios de comunicación oficiales al mismo nivel que el disenso sobre el matrimonio igualitario.

Si fuera posible votar por unos artículos y No por otros, yo aceptaría el 82, siempre que la disposición transitoria decimoprimera dispusiera la votación del Código de Familia en el seno de la Asamblea Nacional, no en referéndum popular.

Lamentablemente, como será un voto único, el artículo 82 no basta para inclinar la balanza. Más bien, al considerarlo, y considerar la disposición decimoprimera, y considerar la crítica a otras cláusulas de esta Carta Magna, queda claro que #YoVotoNo.

Publicado en Tremenda Nota.

Pasajeras negras: las mujeres discriminadas de La Habana

Por Darcy Borrero Batista

“¡Cállate, mona!”, así injurió a una pasajera el chofer de un ómnibus urbano en diciembre de 2018. No es la primera vez en La Habana que un conductor ofende o discrimina a una mujer negra.

A las seis de la tarde del miércoles 19 de diciembre de 2018, Gelaisy Cantero de los Santos esperaba el ómnibus P5 en una parada del municipio Playa. Cuando apareció la guagua, una señora subió junto a la muchacha y extendió un billete de 50 pesos al chofer. Gela intervino y ofreció pagar el pasaje de ambas con un peso.

Los cincuenta pesos con que pretendía pagar la mujer representan el 12 500 % del pasaje de un ómnibus urbano, fijado en 40 centavos.

El copiloto de la guagua obvió el gesto de Gela, tomó el billete de 50 pesos y lo pasó al chofer. Entonces la muchacha repitió que tenía un peso y que quería pagar el pasaje de la señora.

El chófer arqueó las cejas y, de sopetón, le gritó, una, dos veces: ¡Cállate, mona!

Gela siguió adelante, no desvió el orden de sus prioridades, hizo la visita que debía hacer y, al día siguiente, presentó la denuncia en la Fiscalía Provincial de La Habana, basada en la vulneración del principio de igualdad que refrenda la Constitución vigente.

El artículo 42 de la actual Carta Magna asegura que “la discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquiera otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es sancionada por la ley”.

Gela acudió al Paradero para denunciar al hombre que la llamó “mona” con la misma tranquilidad de quien dice “mujer” o “persona”.

“En este caso yo hice énfasis en la discriminación racial, pero realmente también hubo discriminación por género”, cuenta la joven a Tremenda Nota. Ella cree que una mujer “sola” o “indefensa” era más vulnerable a la discriminación racista.

“Siempre he visto estas escenas en la sociedad cubana, en la vía pública. Como carecemos de información, no las denunciamos. No sabemos de qué forma hacerlo”, dice.

Dardos racistas contra Gela

“¡Qué clase de rubia se perdió ahí!”, con esa frase han apuntado a Gela durante toda su vida. Ese “piropo” también llegó con el racismo silencioso, que muchas veces no se atreve a articular palabras, sino a entornar los ojos o gesticular.

En su natal Fomento, provincia de Sancti Spíritus, Gela estudió deportes, fue atleta de alto rendimiento, hizo parte en el equipo provincial juvenil de voleibol hasta que, finalmente, se licenció en Cultura Física. “Muchas personas negras nos refugiamos en el deporte, y en ese círculo nos apoyamos”, opina.

Sin embargo, el “problema” siguió creciendo a la par de Gela. Cuando tenía 19 años era novia de un joven alemán y, según las autoridades ―detalla la muchacha― su relación prácticamente se consideraba “asedio al turismo”, una figura predelictiva que la policía cubana asocia a la prostitución o el proxenetismo.

La activista Sandra Abd´Allah-Alvarez Ramírez llama “neorracismo cubano” a este argumento. En su blog cuenta la experiencia de un joven profesional negro, arrestado por estar acompañado de extranjeras, y llevado a una celda donde el 95% de las personas eran negras.

Gelaisy Cantero de los Santos trabaja como profesora de Educación Física en la escuela de oficios Antonio Maceo, en La Habana. (Foto: Tomada del perfil de Facebook de Gela)

Más tarde, Gela perdonó gestos racistas semejantes.

“A los 21 fui a un hotel en Varadero y no me dejaron entrar aunque teníamos reservaciones. La causa: una cubana no podía hospedarse allí con extranjeros”. Pero la joven cree que ser negra tuvo peso en la decisión. “Andaba con unos amigos españoles y eso provocó que ellos también se retiraran del hotel”.

En esa época ella aún no era consciente, de manera plena, de la vulneración de sus derechos. “No sabía que existiera ninguna organización que me amparara y, además, la reacción de mis compañeros hizo que me sintiera bien. Como vi que se retiraron conmigo, no le di importancia al caso”, explica.

En cambio, cuando el chofer gritó “¡Cállate, mona!” Gela ya pertenecía a Alianza Afro-Cubana, una organización independiente fundada hace un año en La Habana  para visibilizar los derechos de las personas afrodescendientes y LGBTI+.

“Fui muy ofendida a nivel público y las personas a mi alrededor guardaron silencio; nadie salió al paso ante la agresión, solo una persona me dijo: no te busques problemas que estamos en fin de año”, cuenta. “Entonces me dirigí a instancias superiores”.

En el paradero de San Agustín, Gela encontró al chofer que le lanzó el dardo racista. El hombre, en medio de un careo, se disculpó.

—¿Las disculpas alcanzan? —le preguntamos.

Ella solo dice que compartir su historia y reclamar justicia, al menos, “da la posibilidad de que se hagan respetar los derechos”.

Antes de bajarse del P5 Gela (derecha) fotografió al chofer que la injurió. (Imagen: Tomada de la página de Facebook Alianza Afro-Cubana)

Ante la amplificación del debate a través de las redes sociales, Raúl Soublett López, coordinador general de Alianza Afro-Cubana, valora que, si bien les “duele mucho” que sucedan estos casos, querían que se “visibilizara la situación y que las personas supieran a dónde dirigirse” en caso de ser discriminadas.

Para Raúl, maestro de primaria, 26 años, lo primero es reconocer que “hay racismo, no como en Estados Unidos, por ejemplo, donde matan por estas razones, pero sí existe un racismo solapado en la familia, en la escuela, en el trabajo”.

Ante casos de discriminación ―considera Raúl― el Estado debería brindarles confianza a las personas, “que tienen mucho miedo a la hora de denunciar violencia verbal o sicológica. La gente, por tal de no buscarse más problemas —suficiente tienen con que no haya comida, ropa…—, tratan de no sumar otro a su enorme lista; callan, prefieren mirar hacia otro lado”.

No es la primera vez en Cuba

En julio de 2017, La Habana conoció una escena similar. Esa vez, el conductor de un almendrón (taxi particular) fue detenido tras la denuncia de una pasajera.

Yanay Aguirre Calderín, una joven negra, estudiante de Derecho en la Universidad de La Habana, denunció la “forma descompuesta” y “muy violenta” del chofer del almendrón en la sección Buzón Abierto del semanario Trabajadores.

Captura de pantalla del periódico Trabajadores

El chofer le había dicho: “Cada vez que se monta un negro en mi carro es lo mismo y por eso no los soporto”.

Yanay contrapunteó que era una falta de respeto, una ofensa discriminatoria.

Pero el “botero” repitió su discurso racista, frenó el auto, le ordenó a la joven que bajara y dejó claro que no quería negros en su carro.

La denuncia obligó a pronunciarse a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Fiscalía General de la República. El jefe de la dirección de Atención a la Ciudadanía de la Fiscalía, Rafael Soler López, aseguró que se estaba investigando el caso mientras el acusado permanecía detenido.

Precisó que en Cuba tanto la Constitución como el Código Penal proscriben la discriminación por raza, sexo y género, y refrendan el derecho de todos los ciudadanos a la igualdad.

Por su parte, la Policía indicó que “a partir de los cargos que se le imputan (al chofer), se formuló la denuncia por el Delito contra el Derecho de Igualdad, establecido en el artículo 295 del Código Penal, en función de adoptar las medidas jurídico-penales correspondientes”.

Finalmente, las autoridades aplicaron una multa de 500 pesos al infractor, por vulnerar el derecho a la igualdad.

Una de las diferencias más obvias entre los dos casos de racismo (Yanay 2017, Gela 2018) estriba en la naturaleza del espacio donde ocurrió cada uno: el primero en un automóvil de propiedad privada; el segundo, en un ómnibus de propiedad “socialista de todo el pueblo”. Los hechos demuestran que el racismo no solo ataca en espacios del sector cuentapropista (privado), sino también en todos los espacios públicos.

Por su parte, la saeta de las semejanzas entre ambos casos apunta a la discriminación por razones de género. ¿Los hechos habrían tenido el mismo desenlace si Gela o Yanay hubieran sido hombres?

La jurista Deyni Terry Abreu considera que el racismo, la cultura patriarcal y la forma en que estos hombres están tratando a las mujeres en la sociedad cubana y, en particular en el transporte público, resultan preocupantes.

Si el caso de Gela llega a los tribunales, Deyni cree que sería tipificado como injuria. “Ahora, si el chofer no le hubiera brindado el servicio y la hubiera mandado a bajar de la guagua, ahí sí se tipificaría como discriminación”, determina la jurista.

Según el artículo 320 del Código Penal cubano, una persona que ofenda a otra “en su honor, incurre en sanción de libertad de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas”.

Mientras Gelaisy Cantero de los Santos espera que la PNR y la Fiscalía Provincial de La Habana se pronuncien sobre su caso, la pregunta pende encima de todos: ¿Será la última vez que injurien o discriminen a una mujer negra en Cuba? El racismo salió disparado contra Gela en diciembre de 2018, pero de algún modo los hechos ya habían sucedido, una vez, otra vez, desde que el miedo al negro llegó a Cuba.

Tomado de:

Tremenda-Nota-TN-2018

Zaida Capote Cruz: Mi contribución al debate constitucional

Por Zaida Capote Cruz

Comparto algunas sugerencias al proyecto constitucional; les ahorro otras, más livianas, de redacción o para añadidos puntuales, como el de agregar “las playas y costas” al artículo 23.

Preámbulo
Párrafos 20 y 21: eliminar
Comentario: Asumir el llamado “concepto de revolución” como dogma es un gesto que niega la historia de la revolución. Esas palabras de Fidel –quien tuvo otras más brillantes e inspiradas, más movilizadoras– son fruto de un momento específico. El uso excesivo que se ha hecho de estas palabras, reproducidas en pancartas y por otros medios, ha contribuido a su pérdida de significado y a su utilización como lema y escudo de la burocracia; no creo que deberíamos, en tanto ciudadanos, “identificarnos” con ese “concepto”, sino con nuestra historia.

Constitución
Artículos 5 y 6 (párrafos 38, 39 y 40): eliminar.
Comentario: La idea de que el PCC es la vanguardia de la nación no debe darse por sentada. El PCC, cuya membresía efectiva es inferior a un 10% de la población cubana, no es “fuerza dirigente” a menos que el pueblo cubano lo decida. Si la soberanía reside en el pueblo, como reza el artículo 10, ¿cómo es posible que a una mínima parte de ese pueblo se le conceda el derecho de gobernarlo sin haber sido electa o comisionada para ello por la mayoría?
Todas las instancias de gobierno, salvo estas organizaciones políticas, rinden cuentas al pueblo. ¿Por qué concederle al PCC y la UJC el derecho de actuar en nombre de todos si sus dirigentes no han sido electos por el pueblo? ¿Por qué librar a estas organizaciones del escrutinio popular en la Asamblea? ¿Por qué concederles derechos sobre el presupuesto nacional sin supervisión de los diputados?
No es un hecho menor, además, que la ejemplaridad de muchos militantes sea cuestionable y que la estructura del PCC funcione de manera más apegada a la disciplina partidista que a la discusión franca y abierta, que es la que debe prevalecer en la sociedad que necesitamos. Lo mismo vale para la UJC, cuya presencia en el artículo 6 solo se justifica como cantera del PCC y cuya ejemplaridad es aún más discutible.
Ambas organizaciones aparecen en el texto como supraconstitucionales y permanentes, aun antes de la definición de la constitución. Deberían incluirse como “organizaciones políticas” en los artículos referidos a las organizaciones de masas y sociales.
Artículo 15: Añadir un nuevo párrafo donde quede constancia de que, puesto que el Estado es laico, ningún representante de gobierno podrá, en actos oficiales, hacer declaración de sus creencias o fe religiosas.

Artículo 21:

Párrafo 92:
d) Eliminar
Comentario: sustituir por otro donde esa propiedad se defina como parte de la “socialista de todo el pueblo”, de manera que tales organizaciones sean usufructuarias y no propietarias de medios y bienes que les hayan sido concedidos por el estado cubano.
Párrafo 95: sustituir “aquellas de carácter más social” por “las cuatro primeras”
Artículo 23:
Párrafo 100: Comentario: Donde dice en qué circunstancias la propiedad socialista puede ser objeto de otros derechos, debería incluirse también cuál sería el procedimiento (por ejemplo: la transferencia de derechos sobre estos bienes precisa la aprobación de la Asamblea Nacional del PP, etc.).
Párrafo 276: g) se favorece la incorporación Comentario: ¿a dónde, a qué? No queda claro.

Artículo 96:
Párrafo 285: b) el pueblo controla… Comentario: ¿por qué exceptuar de ese control a las organizaciones políticas que, según este proyecto, no responden más que a sus propias autoridades?

Artículo 97:
Párrafo 293: Comentario: Si la ANPP representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana, ¿por qué las candidaturas son designadas, en una amplia proporción,por vía indirecta? Los diputados deberían provenir siempre de las asambleas populares.

Artículo 99:
Párrafo 295: Comentario: Cuando dice “en la proporción y según el procedimiento que determina la ley”, debería regularse lo comentado en el Artículo 97.

Artículo 104:
Párrafo 337: j) designa… etc. Comentario: ¿Por qué el cargo de Gobernador es por designación y no por elección? Debería ser por elección popular, aunque mantenga el requisito de ser ratificado por la Asamblea. De esa manera, quienes aspiren al cargo deben ganarse a sus electores con propuestas específicas, y no por designación de ninguna otra instancia.

Artículo 108:
Párrafo 361: Comentario: La elección de los diputados debería ser territorial de verdad, no adjudicarle al territorio, como se hace con bastante frecuencia, un diputado que vive en otra parte, previamente designado candidato por organizaciones o instituciones, pero no propuesto en asambleas populares de base. Puesto que el sistema de representantes políticos es territorial, la elección debe serlo igualmente.

Artículo 121:
Párrafo 401: Al Presidente de la República lo elige la ANPP (…) y le rinde cuentas a esta… Comentario: ¿cómo se lleva a cabo la elección de candidatos?
Párrafo 405: Eliminar.
Comentario: Cuba es un país con un alto índice de envejecimiento poblacional, sobran hoy en el mundo ejemplos de líderes ya ancianos que concitan la unidad de un pueblo y cuyo gobierno resulta beneficioso para las mayorías. ¿Por qué no ceñir la elección a quien demuestre mayor capacidad? Ser joven no es un mérito o una virtud, ni tampoco garantía de trabajar bien.
Añadir un inciso sobre la posibilidad de revocar el mandato de la persona que ocupe ese cargo y establecer las causas y procedimiento.

Artículo 123:
Párrafo 411:
f) … sustitución en sus funciones de los cargos de Primer Ministro, Presidente…, Fiscal…, Contralor…, Presidente y miembros… y gobernadores… (Comentario: Deben enunciarse los cargos, sin artículos, para no dejar sentado que sean solo hombres quienes los ocupen)

Artículo 139:
Párrafo 487: e) asumir la dirección… Comentario: debe especificarse en cuáles circunstancias)
Comentario: Añadir un inciso sobre la posibilidad de revocar el mandato concedido por la ANPP a la persona que ocupe el cargo de Primer Ministro y establecer las causas y pasos del proceso.

Tomado de Asamblea Feminista.

Foto: Dietmar. Reproducida bajo licencia Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0).

La pena de muerte y la Constitución cubana

Por Rodolfo Alpízar Castillo

En mi criterio, una constitución  martiana, humanista y moderna, debería prohibir la pena de muerte en cualquier caso. Lo cierto es que muchos ciudadanos consideran que ella debe existir, pero ser aplicable en casos excepcionales. Que se prohíba sería lo correcto y a ello deberíamos encaminarnos; que se permita, pero con múltiples restricciones que casi la anulen, pudiera ser un paso en esa dirección. Sea lo uno, sea lo otro, lo inadmisible es que la constitución sea omisa en relación con un asunto que atañe al primero de todos los derechos humanos.

Es asombroso que el tema no haya estado contenido en la Constitución de 1976. Asombra má todavía que no aparezca en el anteproyecto de nueva constitución. Es una situación absurda que en un Estado moderno, de proclamada vocación martiana, democrática y humanista, la constitución no mencione la pena de muerte, sea para prohibirla, sea para establecer su excepcionalidad y los condicionamientos para ejecutarla.

Cuando Cuba nació como república para el mundo, el 20 de mayo de 1902, en su Constitución se hacía alusión a la pena de muerte, y se prohibía expresamente aplicarla por delitos políticos. La de 1940, ejemplar para su época, como sabemos, en su artículo 25 declaraba:

No podrá imponerse la pena de muerte. Se exceptúan los miembros de las Fuerzas Armadas por delitos de carácter militar y las personas culpables de traición o de espionaje en favor del enemigo en tiempo de guerra con nación extranjera.

A pocos días de su golpe de Estado, el 4 de abril de 1952, Fulgencio Batista imponía los Estatutos Constitucionales, donde se abolía la vigencia de la constitución de 1940 y se instauraba la pena de muerte para los hechos de gansterismo y pistolerismo.

Es decir, la pena de muerte se instauró en la Cuba republicana en 1952, como consecuencia del golpe de Estado en que se erigió Fulgencio Batista como dueño de los destinos de la república. El concepto englobado en la expresión “gansterismo y pistolerismo” era amplio, permitía su interpretación según conveniencias.

La Ley Fundamental de 1959, aunque repetía la prohibición de la pena de muerte de 1940, agregaba una larga lista de excepciones; esto es: de casos en que se podía aplicar:

Artículo 25. No podrá imponerse la pena de muerte. Se exceptúan los casos de los miembros de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos represivos de la Tiranía, de los grupos auxiliares organizados por esta, de los grupos armados privadamente organizados para defenderla y de los confidentes, por delitos cometidos en pro de la instauración o defensa de la Tiranía derrocada el 31 de diciembre de 1958. También se exceptúan las personas culpables de traición o de subversión de orden constitucional o de espionaje en favor del enemigo en tiempo de guerra con nación extranjera.

La Constitución de 1976, por su parte, obvió referirse al tema, y en su reforma de 1992 también se pasó por alto. Se creó así un limbo jurídico, pues con la Constitución de 1976 dejaba de tener validez la Ley Fundamental y su mención a la pena de muerte. Con ello se dio lugar a interpretaciones acomodadas a la casuística. Por ejemplo, el Código penal de 1987 interpreta el silencio constitucional de manera afirmativa, y declara válida la pena de muerte, si bien en su artículo 29.1 expresa que “es de carácter excepcional”.

Es decir, a falta de pronunciamiento constitucional, los creadores de la norma se guiaron por sus propias convicciones al respecto.

El proyecto actual de nueva constitución tampoco menciona la pena de muerte. De aprobarse el texto tal como está, la pena de muerte en Cuba no estaría ni permitida ni prohibida. Se mantendría el limbo jurídico. Los legisladores seguirían libres de interpretar el silencio a su manera.

Una constitución que proclama en su capítulo 1 el humanismo y repetidamente recuerda la prédica de Martí no puede obviar una pena que atañe al principal de los derechos humanos, el de la vida, y dejarla a la interpretación que le quieran dar tres personas, falibles por definición (en un tribunal de cinco miembros, basta el voto de tres para que una decisión se tome).

La pena de muerte en ningún caso debería ser aplicada, ni en Cuba ni en ningún lugar del mundo. Quien piense que ella es una especie de “cura en salud”, o vacuna contra delitos horrendos, pasa por alto que, hasta el día de hoy, la existencia de la pena de muerte no ha hecho disminuir los crímenes de sangre en los países que la aplican. Y, por el contrario,  no pocos lugares que la aplican se cuentan entre los de mayor criminalidad.

La pena de muerte es la única que no es reversible. Si un minuto después de aplicada se descubre que hubo un error, es imposible devolverle la vida al inocente “ajusticiado”.

Si por mayoría de la Asamblea Nacional se decide que la Constitución no prohíba la pena de muerte, Cuba perdería una buena oportunidad de andar a la par de la modernidad. Si eso acontece, al menos, se debería garantizar que la excepcionalidad sea total. Por ejemplo, en virtud de la irreversibilidad que caracteriza a esa pena, se debe prohibir expresamente que se pase por alto alguna de las formalidades establecidas para su imposición. No se puede justificar saltar etapas en el proceso so pretexto de “dar escarmiento”, de “sentar un precedente”, o simplemente, “en virtud la gravedad de los hechos”. Es decir, no se puede permitir la aplicación de la pena de muerte como resultado de  juicio sumario o sumarísimo.

Por otra parte, en jurisprudencia está bien establecido que al delito cometido en grado de tentativa no se le aplica nunca la pena máxima establecida en el código penal; sin embargo, la historia está llena de condenas a pena capital en que el crimen no llegó a realizarse y, por tanto, no era punible con la sanción máxima, la muerte.

Por lo tanto, si ha de permanecer en Cuba la pena de muerte, que al menos se haga con el máximo de formalidad, sin prisas y, sobre todo, que nunca se aplique si el delito no llegó a ser consumado.

Foto: Irene Pérez. Tomada de Cubadebate.

¿Está mal escrito el proyecto de la nueva Constitución de Cuba?

El colega Rodolfo Alpízar Castillo, que tuve a bien conocer cuando trabajaba como periodista en el Instituto Cubano del Libro, ha analizado, en días recientes, el proyecto de Constitución desde la redacción del mismo, lo cual es sin duda una de las contribuciones más reveladora que he visto circular en las redes sociales.

SI bien a vuelo de pájaro es posible notar ciertos errores en el proyecto, lo que Alpízar refiere es más que un hecho aislado. Se trata de que la nueva Carta Magna de la República de Cuba contiene numerosos errores gramaticales, ortográficos, omisiones, reiteraciones innecesarias, deformaciones, contradicciones, que no solo ponen en jaque su inteligibilidad sino también su alcance en materia de derechos, deberes y funciones.

Es por ello que le he pedido permiso para subir a esta bitácora sus aportes al respecto. A partir de los cincos mensajes hasta ahora enviados por él, he confeccionado el PDF que les comparto a continuación.

Sólo les pido que lo hagan circular, el asunto es mucho más grave que una cuestión de estilo.

Descargar Rodolfo Alpízar Castillo: Comentarios sobre el proyecto de Constitución.

Imagen tomada de Radio Ciudad de La Habana

 

 

Universidades blancas

Por: Dainerys Mesa Padrón y Mayra García Cardentey.
Con colaboración de Evelyn Corbillón, Adriel Bosch Cascaret y Roxana Romero Rodríguez, estudiante de Periodismo. 

La Educación Superior cubana vive, desde hace años, la preminencia de un estudiantado de piel blanca. Cada vez menos negros o mestizos ingresan o permanecen en las casas de altos estudios. ¿Cuánto intervienen los procesos económico-sociales y contextos familiares en el proyecto educativo de estos sujetos? ¿Serán necesarias acciones o estrategias específicas, más allá de la gratuidad, para responder al fenómeno?

Cristian Herrera Torres no es una estadística, o sí. Depende. Si quisiéramos puede ser uno de los más de 1 410 000 graduados de las universidades cubanas desde 1959 hasta el 2015; o integrar ese 55,1 por ciento de egresados que en todo ese tiempo prefirieron las Ciencias Pedagógicas o Médicas para formarse en su educación terciaria.

Pero Cristian se resiste a ser una estadística. Si las probabilidades no fueran solo eso, probabilidades, cuentas matemáticas con un margen de error, ni siquiera hubiera formado parte de estos primeros datos.

Porque Cristian tenía —tiene— todo lo necesario para no ser un Licenciado en Pedagogía, para no haber egresado en el 2012 y hoy estar cerca de una Maestría y ya pensando un Doctorado. Porque Ortega y Gasset lo dijo: «yo soy yo y mis circunstancias». Y aún con una educación gratuita garantizada para todos y todas en el país, sin distinción por color de piel, credo o género, existen factores que inciden, más o menos, en el ingreso y permanencia en las casas de altos estudios de ciertos grupos sociales.

Las investigaciones así lo muestran. Los especialistas lo explican. Cristian también lo cree. Él lo vivió. Él lo pudo sobrevivir. Tenía suficientes impedimentos para no optar por la universidad: es negro, de bajos ingresos, sin padre y con madre ama de casa, sin recursos económicos, sin incentivo profesional… y vive cerca, muy cerca, de la «candonga» del barrio habanero de San Miguel del Padrón.

Pero Cristian se burló de Ortega y Gasset. Se hizo maestro. Cristian, a estas alturas, es más que un número.

Poner color a las estadísticas

Cristian, al final de su vida estudiantil, se sintió «extraño». A medida que avanzaba en los niveles de estudio, veía cómo predominaban estudiantes blancos en las aulas. «En el preuniversitario, éramos pocos negros, pero ya en la universidad solo fuimos dos en mi clase. Aunque no exista discriminación en la institución, te sientes descontextualizado, como pez fuera del agua».

Herrera Torres lo cuenta a su manera. Los estudiosos le agregan cientificidad: la Educación Superior cubana vive desde hace años la preminencia de un estudiantado de piel blanca. Los patrones nacionales exhiben, como tendencia, que son las mujeres blancas las que más ingresan a las casas de altos estudios. Dicho de otra forma: cada vez menos hombres negros o mestizos obtienen o culminan una carrera universitaria.

Los datos así lo afirman. Según el Prontuario 2015-2016, que reúne las estadísticas de la Educación Superior en Cuba, hoy estudian, en las más de cien carreras, 109 749 blancos (66,1%), 34 320 mestizos (20,7%) y 21 857 negros (13,2%).(1) Estas dos últimas cifras han disminuido con el tiempo, como mostraron recientes pesquisas del Centro de Estudios Demográficos (Cedem). Los números convocan a interpretaciones, si se tiene en cuenta que, según el Censo de Población de 2012, existe en Cuba un creciente proceso de mestizaje.

Y hay más. De acuerdo con investigaciones son mayoría porcentual los negros y mestizos que completan sus diez peticiones y no acceden a la universidad. Hay territorios más vulnerables que otros; en San Miguel del Padrón, en La Habana, por ejemplo, más del 45% de los estudiantes negros de nivel medio que llenan boletas no ingresan a la Educación Superior. En el caso de los mestizos, alrededor del 30 %. El número crece con los años. Y todas las provincias tienen su San Miguel.

El dilema tiene raíces históricas. Los 57 años de Revolución en Cuba parecen nada, ante los siglos de esclavitud, segregación, discriminación y marginación a los que fueron sometidas estas porciones de la población, todavía vulnerables.

Si bien el racismo fue arrancado de raíz de manera institucional a partir de 1959, existen brechas en la sociedad que continúan marcando la diferenciación por el color de la piel.

Heriberto Feraudy, presidente de la Comisión José Antonio Aponte, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) advierte sobre algunas de estas expresiones. «Por las desproporciones desde el punto de vista económico el ingreso a esta enseñanza, que antes fuera casi masivo, comenzó a disminuir. Amén de ser la educación gratuita, algunos miembros de las familias cubanas optaron por no acceder a ella. Resulta que algunos de los núcleos no podían —ni pueden—, sufragar otros gastos añadidos a dicho nivel, como los repasadores, el vestir, la alimentación, demandas tecnológicas…

«Tales condiciones han limitado el ingreso de cierta parte del estudiantado no blanco a las casas de altos estudios de todo el país —dijo Feraudy en entrevista previa a este reportaje—. Por otra parte, los medios de comunicación han legitimado estos constructos, debido a que ­determinados decisores se niegan a reconocer el problema y a discutir sobre él. En estos momentos el mayor prejuicio racial resulta la resistencia a combatirlo».

Aunque estas diferenciaciones han llamado la atención de algunos investigadores, como bien afirma Feraudy, siguen bajo la mirada discreta de los estudios y las prioridades educativas. Para asombro de muchos, se trata, como explica el etnólogo Tato Quiñones, de una situación que data de los ochenta, a pesar de acrecentarse con el Periodo Especial.

Vengo de «buena» familia… ¿y hacia la universidad voy?

Cristian no tuvo orientación familiar, ni un adecuado apoyo económico. Tampoco un profesor particular o una preparación extracurricular que, en muchos casos, permite emular con mayor posibilidad por otras especialidades. Huérfano de padre, vivía solo con su madre, ama de casa, sin conocimientos que le facilitaran orientar a un adolescente a tomar la decisión de su vida.

«Me ayudó a decidir un pastor de la Iglesia Bautista a la que asisto. A todos los jóvenes nos inculcaron seguir estudios. Nos asesoraron y enseñaron la importancia de un título universitario». Ya en el pre de Güira de Melena, Cristian había meditado sobre esa posibilidad. Se decidió por la Licenciatura en Español-Literatura.

Pero… ¿Hasta qué punto interviene la familia? ¿Cuánto influyen las condiciones sociales? ¿Qué significación tienen los procesos económicos en el proyecto educativo de las personas negras y mestizas?

Los especialistas apuntan: en el caso de la educación, las diferencias que se producen en los hogares repercuten en el momento de las y los jóvenes plantearse, no solo su posibilidad de ingreso a las aulas sino hacia qué tipo de estudios van a dirigir esfuerzos.

Según María Elena Benítez, investigadora del Centro de Estudios Demográficos (Cedem) de la Universidad de La Habana, a nivel de la dinámica demográfica de una sociedad, las principales decisiones se gestan en el seno familiar; aunque tales eventos no ocurren de manera aislada.

«Las alternativas y opciones están condicionadas, también, por una estructura económica y social específica —aclara Benítez—. Por lo tanto, la familia influye y a su vez es influida por el entorno económico, social, cultural…, donde se desenvuelve su actividad».

Cuánto incide esto entonces si determinadas pesquisas, —como el estudio «Color de la piel según el Censo de Población y Viviendas del 2012»— muestran que las familias no blancas son, con mayor frecuencia, las de menores recursos y niveles de escolaridad.

Por tanto, con asiduidad, estudiantes mestizos y negros llegan con desigualdades de conocimientos, ya que a lo largo de su recorrido estudiantil han aprovechado el currículo de manera desemejante. Y aún peor: como advierte Niuva Ávila, profesora de la Facultad de Sociología en la UH, «mientras más elite tenga la carrera y mayor promedio demande, mayor estudiantado blanco encontramos en sus aulas».

A estas alturas del debate, definimos algunas de las condicionantes (personales y familiares) alrededor de las aspiraciones de muchachos y muchachas en cuanto a los niveles superiores. Mas, junto a los saberes inculcados, aprendidos y aprehendidos por los individuos en cuestión, corren otros elementos.

Los repasos con profesores particulares (existentes ya en todos los niveles de enseñanza, incluidas las pruebas de aptitud), los costos del transporte, alimentación, vestuario y hasta determinada bibliografía, explicitan un hueco en la economía familiar que no todos los hogares pueden asumir durante cinco años. Mientras, tropezamos con la tradición formativa, los hábitos de lectura, la ambición profesional…

Para brindar una mayor idea, resulta necesario un rápido análisis económico: si las pesquisas demuestran que existe una correspondencia entre el ingreso a la Educación Superior con resultados exitosos y los gastos de la familia en el pago de profesores particulares, y si a la vez, otros estudios ­explican que son los educandos blancos los que más acceden a esta superación extracurricular, ¿qué posibilidades-probabilidades quedan para negros y mestizos cuyos padres no pueden sufragar estos gastos?

Por tales trasfondos, los estudios han estimado una familia tipo detrás de la elevada representación estudiantil blanca en los predios de las casas de altos estudios. Incluso cuando estas clasificaciones varían (sutilmente) en los diferentes territorios, algunas de sus particularidades permanecen incólumes.

«Estimamos —expresa Ávila—  una familia blanca, de padres profesionales, con ingresos o dirigentes; profundos niveles culturales-educativos y con residencia en determinadas zonas favorecidas del país».

Jesús Guanche, destacado antropólogo y Doctor en Ciencias Históricas, indica que existen también otras cartas en el asunto. «Más allá del nivel de escolaridad y del poder adquisitivo, influyen el sentido de pertenencia de la familia a una comunidad determinada, a un barrio, a un espacio donde transcurre la vida en sociedad y la voluntad de continuidad cultural de una generación a otra. No olvidemos que existen personas que tienen una perspectiva de futuro a largo plazo y personas que viven apenas el día a día».

¿Dime con quién andas y te diré si estudias…?

Para Cristian no ha sido fácil. Nada fácil. Ninguno de sus amigos estudió en la universidad. Mientras él comprometía el sueño para lograr buenas notas o alternaba superación con un trabajo a tiempo parcial en una carnicería para poder mantenerse en esos años, sus «socios» ganaban dinero rápido, de mano en mano, en la «candonga» de San Miguel: «La cuevita», como muchos le dicen.

«El medio influye, determina. Aun cuando sea gratuita, para alguien que no tiene recursos, especialmente si vives en San Miguel, es casi un lujo estudiar en la universidad. Es una inversión que pocos pueden hacer», apunta Cristian.

Su experiencia como profesor en dos preuniversitarios de ese municipio le permite fundamentar su idea. «Los estudiantes no piensan otra cosa: terminar el pre y ponerse a trabajar. Casi todos tienen a padres, amigos y conocidos insertados en ese entramado de negocios que hay en el territorio. Ven eso en sus vidas y quieren hacerlo también».

Aquí convergen construcciones derivadas de las circunstancias económicas y sociales de Cuba en las últimas décadas.

Aparece entonces la percepción que tienen las personas de la universidad (tanto los alumnos como los adultos con poder de intervención en sus decisiones), la pertinencia de poseer un título universitario en determinados estratos y ambientes sociales, y no por último menos importante, la necesidad urgente de aportar al hogar.

Jesús Guanche, quien es además Premio Nacional de Ciencias Sociales, incita a pensar el tema de la desigualdad social y su reflejo en la educación desde dos factores: el aprovechamiento adecuado de las oportunidades y la motivación de si vale o no el esfuerzo hacerse graduado universitario.

Para el reconocido académico «si hace varias décadas tener un título era una forma de prestigio social y una digna manera de vivir, actualmente puede ser más reconocido un gerente o hasta el portero de un hotel. Se piensa en términos monetarios y no en el desarrollo de capacidades mediante el conocimiento. Es el peligro ético del paradigma: “tener para ser” y no al contrario. Por ello muchos jóvenes no tienen a la universidad como una aspiración, sino acceder a otra vía rápida para tratar de sobrevivir».

Y los jóvenes negros y mestizos aplican con asiduidad porcentual este pensamiento. Una decisión influenciada por factores familiares, desigualdades económicas-sociales y hasta estereotipos de género. Los datos ahí están.

Educación superior: calidad y equidad

Cristian así lo piensa: «La obtención de un título todavía es un mérito». A pesar de las transformaciones ocurridas en la estructura social cubana a partir de los años noventa, donde los ingresos no necesariamente se asocian a un mayor grado de escolaridad, ser universitario cuenta con cierto reconocimiento social.

«Existe sí, esa representación del universitario. “Él estudió en la universidad”, “está escapa´o”, “cómo sabe”», explica.

Pero no todos piensan en ese crecimiento profesional, y apuestan por una obtención rápida de ingresos, que por consiguiente no implica cinco años en las aulas.

El escenario es complejo. Por una parte, el carácter universal e igualitario de las estrategias comprendidas desde los sectores educativos en Cuba, bien merecen aplausos. Por otra, ante situaciones de desigualdad, —como lo es el caso de la desproporcionada entrada, permanencia y graduación de personas en la universidad por el color de la piel— las estrategias deben profundizar en especificidades que, al menos, equiparen los desniveles.

El temor a reconocer que sí existen inequidades, los prejuicios arraigados en algunos decisores y la ineficacia de determinadas prácticas, provocan silencio y ambigüedad respecto a un tema tan trascendental como este.

Es por ello que investigadores y especialistas insisten en que además de la gratuidad de la educación en sí, resultan necesarias políticas públicas más focalizadas que permitan potenciar mejores condiciones sociales y económicas para negros y mestizos, que se traduzcan, a la postre, en catalizadores para el cambio de composición del estudiantado cubano.

«Aunque es un punto de inicio importante, no es suficiente que las políticas digan: “todos pueden”—insiste Ávila. Porque no todos pueden. No todos parten de las mismas condiciones. No todos han podido desarrollar, de la misma manera, capacidades y habilidades que, en el momento de ingreso a la  Educación Superior, hay que poner a funcionar.

«Si no se tiene un hábito de lectura, de estudio, si no se tienen herramientas, personas que te orienten hacia dónde buscar la información, que te enseñen a estudiar… no se puede.

«A las políticas, en tanto, les falta entender y tratar de apoyar ante las diferencias que se traen de la base, para que en el momento de optar por una carrera realmente se pongan a competir las habilidades que cada persona ha adquirido, y no las habilidades o las condiciones que tienen las familias», culmina la académica.

El etnólogo Jesús Guanche provee analítica mirada: «si la equidad se descuida y no se implementan acciones de motivación, de captación, sin bajar el nivel de la enseñanza, se puede regresar al punto de partida, que estuvo bastante superado hacia mediados de los años ochenta del siglo pasado, en relación con el acceso a las universidades».

En este sentido, el Ministerio de Educación Superior (MES) no asume ninguna estrategia en lo particular que permita una mayor accesibilidad a negros y/o mestizos. La institución se centra en potenciar el derecho constitucional a una educación gratuita, independientemente del sexo, credo o color de la piel.

Bajo dicha mira, el sistema de ingreso, tal cual está estipulado, posibilita cursar estudios según aptitudes de cada educando, por tanto no tienen mecanismos para regular o modificar la entrada por color de la piel. El MES se limita a cumplir las leyes. No más.

Pero, hallar un punto de encuentro entre lo general y lo particular de estos manejos institucionales deviene principal reto, como explica Yulexis Almeida, socióloga que realiza su doctorado sobre el tema.

«Muchas veces tanto egresadas y egresados universitarios, como personas que juegan un rol en el MES y están implicadas en las políticas, consideran que en un contexto como el nuestro no sería atinado pensar, por ejemplo, en cuotas, pues eso en sí mismo encierra una forma de discriminación.

«Tenemos una mirada muy reduccionista de lo que acciones específicas en este campo se refiere. ¿Por qué? Pues lo que tradicionalmente hemos hecho es aplicar el tema de las cuotas; pero de la manera incorrecta.

«Primero, porque la cuota es una medida afirmativa, que sí se considera una discriminación, aunque en este sentido positiva, para lograr compensar una desigualdad. Por tanto, a lo que se aspira en una cuota es: uno, que hay que tener en cuenta las posibilidades que voy a establecer, que tienen que estar en relación con la desventaja que existe. Por ejemplo, no puedo aplicar cuotas fijas, cuotas igualitarias, que es lo que generalmente se hace. Debemos reflejar una asignación que responda a una equidad.

«El otro elemento importante radica en que tales cupos no pueden ser permanentes, o durar veinte o treinta años», concluye Almeida.

Aunque, cualquier decisión, tomada o no, trasciende al MES. Es entonces que el Estado debe concentrarse en la disyuntiva entre calidad y equidad. «Por una parte al existir un número limitado de plazas en las universidades, no puede excluir el mecanismo de los méritos académicos a través de los exámenes de ingreso para lograr una selección basada en los resultados del esfuerzo de los propios estudiantes. Y por otra, debe controlar las desigualdades que esto trae consigo e impiden la movilidad social ascendente de algunos grupos», enfatiza Ávila Vargas.

Guanche recalca la idea: «No es posible ceder en la adecuada calidad de la enseñanza, pero eso no puede ser un “sálvese quien pueda” en el orden social».

No hay respuestas simples, si bien las barajas rondan por medidas centradas en corregir, —desde la base y escalonadamente en los diferentes niveles y estratos sociales— las disparidades que aún no se han eliminado y aquellas que han surgido con la crisis iniciada en los años noventa.

«Con una política de becas (recursos financieros administrables por el becario) a las personas económicamente vulnerables —como ya se hace en muchos países— sus familias tienen un alivio en los múltiples gastos que genera, independientemente la “gratuidad”, cualquier estudiante universitario», propone Guanche.

El también Premio Nacional de Investigación Cultural 2013, apuesta por el subsidio de las personas: «la inteligencia se apoya y facilita; es necesario subsidiar estudiantes menos favorecidos desde el nivel de ingresos familiar para evitar las bajas hacia otras actividades. Esta medida para nada puede interpretarse como paternalista, sino como reparación de una deuda histórica para superar las inequidades sociales».

Porque el igualitarismo no necesariamente es igualdad. Ha costado—cuesta— reconocerlo.

Ya lo decíamos al principio. Cristian no es un número. Resistió esa probabilidad de negro, hijo de padres no profesionales, de bajos recursos y localidad socialmente compleja. Cristian se hizo maestro, aunque hoy alterne, por cuestiones de lógica económica, con otra labor mejor remunerada.

Pero no todos son Cristian. No todos superan las «malditas circunstancias». Muchos sí entran en esas probabilidades, altas, discriminatorias, que respiran todavía décadas de exclusión que no se solucionan solo con políticas generales y gratuidades.

No se llaman Cristian, mucho menos son maestros. Son ese por ciento sin rostro. Negros y mestizos, que cada año en ciertos municipios del país llenan una boleta de ingreso y no entran a la universidad. Esos mismos que quizás no leerán este trabajo, esos mismos que piensan que su única opción es vender mercancías en la «candonga» de San Miguel.

En los extremos… Pinar del Río y Guantánamo

Un estudio en dos provincias arrojó como resultado la gran influencia no solo de la familia sino del contexto social. En Guantánamo el problema es inexistente, mientras en Pinar del Río las cifras preocupan.

Tal afirmación la corrobora el hecho de que en la Universidad de Guantánamo (UG) 1 685 alumnos (61,9%), de los 2 720 que estudian dentro de las modalidades de Curso Regular Diurno y por Encuentros, son mestizos o mulatos; mientras tan solo 520 son blancos (19,1%) y 541 negros (19,8%).

El color de la piel mayoritario de los estudiantes de la UG está en correspondencia con la composición poblacional de la provincia más oriental cubana.

No obstante, el gran mestizaje en el Alto Oriente también tiene varias interpretaciones dentro de la Educación Superior. Por ejemplo, los territorios Guantánamo, Manuel Tames y el Salvador, manifiestan mayor tendencia a tener lugareños negros, a diferencia de San Antonio, Imías y Maisí, donde la población blanca es un poco más abundante.

Estas propensiones se expresan en la composición de los universitarios de estos municipios dentro de la UG. Dos ejemplos para comparar —tomando como base del Curso Regular Diurno las carreras con mayor matrícula (Cultura Física, Derecho, Agronomía, Contabilidad y Finanzas y Educación para Lenguas Extranjeras en Inglés)—: de los 39 educandos de Manuel Tames solo dos son blancos; mientras de Imías de 37, nada más tres son negros.

En este sentido, todavía existe una propensión a que algunas carreras sean más «claras» que otras, pese a que los mestizos son predominantes en todas.

Pero en general, la balanza por color de piel de la principal universidad guantanamera no es tema que preocupe pues es un reflejo de la composición, en ese sentido, del extremo oriente cubano.

En Pinar del Río, la situación sí responde a un incremento del estudiantado blanco. La matrícula general del principal centro estudiantil es de 6 304 alumnos, de ellos, 4 975 blancos (78,9%), 797 negros (12,6%) y 532 mestizos (8%). La cifra llama la atención, pues no tiene correspondencia proporcional, como el caso de Guantánamo, con la población de la provincia. Independientemente de que Vueltabajo es un territorio eminentemente blanco, es a la vez uno de los que mayor por ciento de población negra posee, no tanto mestiza.

Varios grupos de discusión resumieron que existen municipios y zonas residenciales con mayor presencia de estas inequidades en cuanto al acceso a la Educación Superior.

Este bosquejo muestra que cualquier medida o acción a tomar, debe responder a las características propias de los territorios. Si bien el decreciente ingreso y permanencia de negros y mestizos en las universidades es un dilema de país, cada localidad vivencia el tema de variadas maneras.

(1) En estos datos no se incluyen las instituciones educativas vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) o al Ministerio del Interior (Minint).

Foto: Alba León Infante. Cortesía de Lilibeth Alfonso

Tomado de Alma Mater

Me dicen Cuba: A propósito del próximo congreso del PCC

Por Zaida Capote Cruz

Creo que aprendí en Lévi-Strauss que las relaciones humanas son relaciones de intercambio. Y aun sin leer a Rousseau sabemos que sin acuerdo no hay gobierno posible. En Cuba, en vísperas del congreso del Partido, tanto aquel intercambio como este acuerdo están en crisis. Y por más que el espacio virtual se inunde de reclamos sobre la discusión ausente –innecesaria, en la lógica de la dirección del Partido, porque ya hubo una discusión popular previa a la aprobación de los “lineamientos”– no resolveríamos nada reeditándola.

Hay problemas en Cuba que son estructurales y no precisan, por tanto, de una discusión “para el congreso”, sino de otra, permanente y sincera, donde todos expongan sus opiniones y aporten sus saberes, y cuyos acuerdos reflejen los intereses del conjunto, no la opinión de “expertos” o cuadros del Partido, que, merece recordarse, no han sido electos por el pueblo. No es casual que algunos hablen de la necesidad de una nueva constituyente o de rediseñar el poder popular. El diseño político de la sociedad cubana dejó de resultar satisfactorio para muchos. Y su incapacidad para canalizar los deseos y necesidades de las mayorías queda en evidencia cada día.

Nos abruman, por ejemplo, con apariciones en los medios de prensa de funcionarios que abogan por mayor control, por mayor productividad, por mayor eficiencia (cuestiones que, en apariencia, corresponde solucionar al “pueblo”), sin que se apunte al responsable real de la falta de control, de productividad o de eficiencia. Es decir, se privatizan las decisiones, al tiempo que se transfieren las responsabilidades a –y se diluyen en– todos.

En cuanto al Partido, varios señalamos, en aquellas asambleas de discusión de la política futura, el contrasentido de que las organizaciones políticas y de masas –el Partido notoriamente, aún cuando sea el único– vivan del presupuesto estatal, a menudo utilizando los recursos a discreción, según la estructura interna de la organización y sin supervisión pública. Por otra parte, si alguna vez fue saludable para Cuba que el Partido tuviera en sus manos, además de la administración de los medios, la facultad de establecer gobiernos paralelos en todas las instancias, hoy no parece que lo sea. Oímos hablar mucho de los gastos superfluos, y de los costos de la salud y la educación públicas, pero nunca se habla de cuánto cuesta mantener, con los recursos del Estado (que, no hay que olvidarlo, son propiedad de todo el pueblo) al Partido y las demás organizaciones políticas y de masas o asociaciones profesionales, las cuales, para ser justos, deberían recabar sus recursos del aporte y la gestión de sus miembros.

Un tema particularmente serio es el de la sucesión presidencial en nuestro país. Como anunció el propio Raúl (puesto que la Constitución no lo prevé), su mandato cesará en febrero de 2018, es decir, en menos de dos años. Aunque tal vez la cuestión se discuta en el congreso, es algo que involucra a todos los ciudadanos, militantes o no. La organización y la cobertura de la visita del presidente de los Estados Unidos puede ofrecer algunas pistas. El supuesto sucesor, Miguel Díaz-Canel, no apareció prácticamente en las actividades públicas de Obama, y, en reciprocidad, uno de los expertos extranjeros en el tema de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, al ser entrevistado por Telesur, ofreció una lectura curiosa de la realidad cubana. Allí le escuché decir algo así como: “se dice que el futuro presidente será Díaz Canales [sic] pero hay que tener en cuenta que es posible que no lo sea, sino uno de los Castro: Mariela Castro, que tiene un alto perfil fuera de Cuba, y es muy respetada en el país, o Alejandro Castro Espín, que ha estado en todas las negociaciones del gobierno cubano y está tomando un sitio importante en el gobierno”. Su interlocutora, la periodista Arleen Rodríguez, increíblemente, no hizo el menor comentario; mejor aún, esa noche presentó a Mariela, en una entrevista personal, como “líder de opinión” en Cuba. Hay que rescatar la práctica cívica, la discusión y el diálogo del gobierno con el pueblo, no cabe duda.

Está claro, se repite una y otra vez, que las conversaciones con los Estados Unidos se llevan a cabo con “respeto y espíritu constructivo”, que somos firmes en la defensa de la soberanía nacional, así como en las exigencias del cese total del bloqueo y la devolución del territorio ocupado por la base naval de Guantánamo. Más allá de esos justos e inalienables reclamos, no sabemos a ciencia cierta qué acuerdos están en marcha. El afán por captar inversión extranjera, evidentemente la gran esperanza para remontar la crisis, puede ir de la mano con decisiones que afecten nuestra sociedad o el medioambiente (muchos expertos señalan, por ejemplo, el costo ambiental de los campos de golf –además de su inherente exclusividad social–, o el riesgo de la importación de transgénicos). No se trata de paralizarnos por miedo al error, sino de decidir todos juntos.

Quizá el congreso proponga a la sociedad cubana los cambios que necesitamos; pero la autoridad se consigue sobre todo cuando los gobernados están dispuestos a delegar en una persona, una institución o un gobierno, según sus méritos, sus propuestas o su capacidad de interpelación, el derecho a ella. Y no creo que el Partido cuente hoy con esa confianza. Ese es nuestro mayor dilema.

Foto de portada: Borja García de Sola Fernández

¿Es constitucional en Cuba el “Derecho de admisión”?

 

Cada día es más frecuente la limitación del acceso a ciertas instalaciones cuando no se cumple alguna de las condiciones subjetivas que la administración decide. En la mayoría de los casos se toman desde los prejuicios: como por ejemplo el color de la piel, el estilo de vestir o la proyección personal. La experiencia de la periodista Helen Hernández Hormilla ilustra el proceder más común: Alguna vez unos amigos me invitaron a visitar uno de esos bares chic de La Habana, un sábado a las 11:30 de la noche. Mientras los esperaba para entrar, durante más de 40 minutos, observé cómo se producía la entrada.

Resulta que los porteros, hábilmente entrenados, tenían afuera esperando a un par de muchachos, no mayores de 23 años, bien vestidos pero modestos, sin aspecto de gastarse más de 5 cuc en una salida. A ellos les decían que no había capacidad en el bar, mientras permitían la entrada a hombres maduros, con ropa y zapatos caros, que llegaban en grandes carros. En fin, aquellos niños nunca entraron al bar mientras otros clientes eran recibidos con amabilidad.

Pero el anterior no es el único caso, recientemente el intelectual cubano Norge Espinosa denunció cómo no pudo, en varias oportunidades, acceder a un bar en el Vedado habanero, al parecer debido a su orientación sexual. En el texto que circuló ampliamente por internet y que condujo a la publicación de otros textos en apoyo a Espinosa, se plantea una situación que va más allá de este incidente y es:

Como se dejó ver en la discusión que ocurrió a la entrada del King Bar, no formamos parte de ese grupo de gays que, al parecer, deben entrar con los diez CUC de consumo mínimo que nos dijeron allí se exige, y por supuesto, nuestras ropas informales no coinciden con el patrón de cliente al que aspiran.

En Cuba no existe una Ley de Protección del Consumidor, que prescriba las condiciones para acceder a los locales privados o estatales, como sí sucede por ejemplo en España con el Reglamento General de Policía de espectáculos y actividades recreativas (RD 2816/1982). Según dicha norma no basta con el cartel que proclama el derecho del recinto sino que además tienen que quedar claramente expuestos los requisitos para acceder al lugar.

Pero en la isla por lo general todo se resume a un cartel a partir del cual Ud. tiene que inferir cuáles son dichos requisitos.

La jurista Ana Laura González Aguililla me comenta que “el Sistema de Protección al consumidor existente en Cuba lo define cada organismo, para las empresas que se le subordinan y que prestan determinados servicios. Por eso es que el Derecho de Admisión es algo, que ahora mismo dispone cada organismo, empresa o establecimiento arbitrariamente y no pasa nada cuando violan un par de principios constitucionales”.

Prohibir el acceso atendiendo a valoraciones a priori violaría además los artículos 41, 42 y 43  de la Constitución cubana, los cuales señalan que “todos los ciudadanos gozan de iguales derechos”; “La discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana, está proscrita y es sancionada por la ley” y “El Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana: – disfrutan de los mismos balnearios, playas, parques, círculos sociales y demás centros de cultura, deportes, recreación y descanso.”

A pesar de ello, los derechos ciudadanos de andar libremente por el país pueden quedar cercenados según los estereotipos, creencias y prejuicios que tenga, por ejemplo, el portero de cualquier lugar. Cito otra vez a la periodista Helen Hernández Hormilla:

Es uno de los riesgos de privatizar los negocios, sobre todo porque existe una alegalidad muy grande con respecto a los actos de discriminación. Los movimientos ciudadanos de muchos países lucharon contra el “derecho de admisión” sobre el que se basó el racismo, el sexismo, la homofobia, la xenofobia. Aquí, sin embargo, se toma como algo normal. Creo que la segregación es terrible, que este tipo de acciones profundizan brechas clasistas.

En el caso Kingbar, un grupo de activistas protagonizaron una besada delante del sitio, como señal de protesta y por internet circula una llamada al boicot del lugar, la cual ha recibido muchas adhesiones.

Pero ¿qué más podría hacerse para restaurar los derechos de la ciudadanía de ser tratada dignamente y no a partir de estereotipos de cualquier índole que le impedirían el disfrute a determinados servicios?

“La movilización ciudadana es importante, para exigir al estado que tome las políticas públicas que ameritan estos casos, que las personas estemos protegidas ante actos discriminatorios de toda índole y que tengamos espacios a los que reclamar e incluso ser indemnizados.

Pero mientras tanto, denunciar, hacer público y dejar en entredicho ante quienes cometen este tipo de actos pudiera ser una opción. Para eso hay que aliarse, y aprender a dar las batallas en colectivo”, declara Hernández Hormilla.

Como en Cuba no existen tribunales constitucionales donde se puede demandar a alguien que viole la ley de leyes, otra posible solución la aporta la abogada Zulendrys Kindelán:

Lo que queda es la queja de la que habla el Artículo 62 de la Constitución de la República de Cuba que expresa que “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo”. Dicha queja se debe presentar ante la Comisión de atención al consumidor que en algunas entidades estatales existen, entiéndase en las tiendas, no así en el sector de centros nocturnos y los negocios privados. 

Imagen de portada “No pictures please” de wolfgangfoto

Publicado en eltoque.com