Yadiel Cepero: En defensa de los amores legítimos en Cuba

“Si de algo estoy plenamente convencido, es de que el amor que nos profesamos las personas del mismo sexo es tan legítimo como el que se profesan las personas heterosexuales.” Yadiel Cepero. Fotografía cortesía del entrevistado y usada con permiso.

Yadiel Cepero es un joven activista, ingeniero en Ciencias Informáticas y fundador de una plataforma de discusión en Facebook titulada Construyendo una agenda de la diversidad sexual en Cuba en la cual participan casi 150 personas.

Cepero llegó al activismo luego de haberse formado como promotor de salud y derechos sexuales en la Red de Jóvenes del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Durante dos años coordinó en la Universidad de las Ciencias Informáticas, el proyecto Amor a Segunda Vista. En 2014 fue delegado a la VI Conferencia Regional de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe. Actualmente es miembro de la Articulación Juvenil del Centro Oscar Arnulfo Romero.

El marco de esta entrevista tiene lugar dentro de los debates sobre el matrimonio igualitario en Cuba, cuya legalidad no se contemplan aún en la constitución de la Isla. La conversación nos llevó a distintos aspectos de interés en el debate, desde el lugar que ocupa el matrimonio igualitario dentro de las prioridades de las distintas comunidades LGBTQI a los escollos de los textos legales que regulan la vida privada de los ciudadanos de un país.

¿Cuáles son las razones, según tu opinión, para que que exista una manera de que las personas del mismo sexo puedan legalizar su relación en Cuba?

Considero que debe existir una figura legal concebida para tales fines. En particular porque muchos trámites legales, incluidos los que involucran a los bienes adquiridos en común, dependen de que la relación esté formalizada y reconocida ante la Ley. Que esta figura sea el matrimonio igualitario, la unión consensual u otra, dependerá de cuán revolucionarios nos propongamos ser y de lo hábiles que seamos para sortear los obstáculos que ya están en el camino. A nivel internacional son varios los países que han incluido algunas de estas figuras en el ordenamiento jurídico. En Cuba, apenas estamos dando los primeros pasos.

Personalmente, no considero que un contrato legal garantice la estabilidad emocional de una relación, pero puede contribuir a preservar el patrimonio, viabilizar trámites y evitar lamentables injusticias. Dependiendo del alcance de la figura legal [se verá si esto incluirá o no] el derecho de las personas del mismo sexo a adoptar, tema del que poco o nada se habla en Cuba. Es complejo y no está exento de cuestionamientos éticos.

¿Crees que habría que hacer una consulta nacional para decidir si en Cuba exista o no la unión legal entre personas del mismo sexo/género?

En lo personal, considero que los derechos, en tanto constituyen derechos, no deben ser sometidos al juicio inquisitorio de nadie, ni siquiera de las mayorías. Sin embargo, hay mecanismos legales que no pueden obviarse. Por ejemplo, el matrimonio está definido en el artículo 36 de la Constitución de la República de Cuba como “la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común…”

En el Código de Familia se habla del matrimonio no formalizado. Ahí pudieran introducirse modificaciones importantes respecto al reconocimiento de las uniones legales que no alcancen estatus de matrimonio sin que se requiera para ello una consulta nacional.

Esta segunda opción parece ser la más viable, pero su alcance es limitado. De aprobarse, el matrimonio continuaría siendo un derecho/privilegio reservado constitucionalmente para las parejas de sexo diferente mientras que las parejas del mismo sexo tendrían que conformarse con el matrimonio no formalizado o la unión consensual, algo que acentuaría más aún la discriminación.

Debo aclarar, no obstante, que la unión legal entre personas del mismo sexo es tan solo un elemento dentro de la agenda de la diversidad sexual. Por tanto, considero que el punto de partida de cualquier iniciativa legal debe ser discutir y consensuar la agenda a partir de las propuestas provenientes de los colectivos y activistas.

Y con respecto al matrimonio igualitario…

Me parece que está sobrevalorado. Históricamente, el matrimonio ha sido un instrumento que ha servido para preservar el patriarcado, la monogamia y la doble moral judío cristiana. Respecto a quienes apuestan por él, pero creo que el debate no ha alcanzado toda la profundidad que amerita. Es por ello que me gustaría lanzar algunas interrogantes para un debate futuro.

¿Por qué acapara tantos titulares el matrimonio igualitario? ¿Qué lugar debiera ocupar en la agenda de la diversidad sexual?

¿Tiene sentido reclamar el derecho al matrimonio solo porque los heterosexuales lo tienen? ¿Cuál es el alcance real de esta figura legal?

¿Cuando hablamos de reconocer las relaciones entre personas del mismo sexo, hablamos solo de relaciones entre dos personas? ¿Qué pasa con los colectivos que actualmente defienden el poliamor? ¿Deben quedar fuera sus propuestas?

¿Estar unidas en matrimonio hace alguna diferencia para las personas trans que consideran como prioridad el acceso a medicamentos y cirugías de adecuación genital?

¿Estar unidas en matrimonio hace alguna diferencia para las mujeres lesbianas que desean acceder a la fertilización asistida en Cuba? Dado que el protocolo del Ministerio de Salud Pública está concebido para las parejas infértiles, no bastaría con estar unidas en matrimonio, pues se requiere que una de las dos sea infértil.

¿Conoces algún caso en Cuba o anécdota donde se hayan cometido injusticias contra personas no unidas legalmente?

Conozco varios casos. Entre ellos un amigo, que luego de que su pareja falleciera, se vio imposibilitado de adjudicarse los bienes que habían adquirido en común. Una historia lamentable, años antes el padre del fallecido lo había obligado a irse de la casa y luego de su muerte adquirió la propiedad de casi todos los bienes del hijo. Al no estar reconocida la unión legalmente, muy poco se pudo hacer por la vía judicial.

Además, no son pocos los centros estatales (restaurantes, hostales y otros) que tienen ofertas para parejas, pero les niegan el acceso a las parejas del mismo sexo.

El comentarista Ernesto Martínez Hernández expresó en un artículo publicado en Granma, uno de los diarios estatales de más circulación en Cuba: “Permitir los matrimonios gays es [un] irrespeto a la sociedad, como permitir contratos jurídicos entre personas y animales. [No] es normal, no se debe legalizar porque no es natural. Hay parejas que viven toda la vida sin matrimonio, [por qué] luchar por legalizar lo que no es normal por naturaleza?”. ¿Qué le responderías a este comentarista?

En primer lugar, me gustaría dejar claro que el comentario al que te refieres fue motivado por un artículo publicado en la edición digital del diario Granma, el 6 de mayo del 2014. Artículo en el que la periodista Lisandra Fariñas, entrevistó a Gloria Careaga, por entonces Cosecretaria de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, (ILGA por sus siglas en inglés). El comentario de Ernesto refleja la opinión personal de alguien que se opone abiertamente al matrimonio entre personas del mismo sexo. Es su opinión y la respeto, pero está claro que refleja un alto grado de ignorancia respecto al tema. La condición de “normalidad” o “naturalidad” es tan relativa como la humanidad misma. Lo que es normal o natural para una persona puede no serlo para otra y viceversa. Históricamente ha sido así. En la esclavitud se consideraba “normal” o “natural” la compra y venta de seres humanos, algo repudiable y castigado en la actualidad. Si de algo estoy plenamente convencido, es de que el amor que nos profesamos las personas del mismo sexo es tan legítimo como el que se profesan las personas heterosexuales.

Publicado en Global Voice.

Agenda por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queers en Cuba

Basados en los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, en la Declaración de derechos sexuales de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) y en virtud de las próximas reformas constitucionales y jurídicas en Cuba, integrantes de la comunidad LGBTIQ cubana nos hemos reunido para promover esta agenda.

Con la certeza de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que estos derechos son universales, inalienables, complementarios, indivisibles e interdependientes, iguales y no discriminatorios; que la orientación sexual y la identidad de género son consustanciales a la dignidad humana y, por consiguiente, la discriminación y el abuso laceran los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer y otras personas con sexualidades y géneros no heteronormativos (LGBTIQ).

Teniendo en cuenta que la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, generalmente, acompañan la discriminación por orientación sexual e identidad de género, incrementando la exclusión social de personas, grupos y comunidades.

Proponemos:

a) Exponer esta agenda de derechos humanos en relación con la orientación sexual e identidad de género a la opinión pública.
b) Solicitar a la Asamblea Nacional del Poder Popular, al Consejo de Ministros y a los decisores de políticas, planes y estrategias que se consideren estas demandas referidas a:

 

MEDIDAS LEGISLATIVAS

En la Constitución Cubana:
1. Incluir la orientación sexual y la identidad de género como causales de discriminación en los artículos 42 y 43, relacionados con el derecho a la igualdad.
2. Modificar el enfoque heterosexista de los artículos relativos a la formación de la familia, Capítulo IV de la Constitución.
3. Modificar la definición de matrimonio en el Artículo 36. Se propone como alternativa de redacción: “El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre personas…”
4. Disponer que los efectos de esta modificación deban reflejarse en el Código de Familia, el Código Penal, la Ley del Registro Civil y en cuanta norma jurídica lo amerite.
5. Incluir un artículo en el Capítulo I, relativo a los fundamentos políticos, sociales y económicos, donde se refleje que: “El Estado reconoce, garantiza, y respeta la libre expresión de la orientación sexual e identidad de género de las personas.”

Código de Familia
6. Regular la institución del matrimonio como “la unión voluntariamente concertada entre personas…”
7. Garantizar la igualdad de condiciones legales, administrativas y de cualquier índole entre personas que no estén casadas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género.
8. Incluir en el Título II, Capítulo VI, que la familia es responsable de garantizar el apoyo y protección a las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género.
9. Incluir los artículos que se consideren necesarios, a fin de reconocer la diversidad de familias que existen en Cuba, la manera en que estas pueden organizarse, y los derechos y deberes que les asisten.

Código Penal:
10. Derogar todas las disposiciones relativas al estado peligroso, las sanciones predelictuales y las de advertencia.
11. Incluir en el Título VIII, Capítulo III sobre asesinato y el Capítulo VII sobre lesiones, las circunstancias bajo las cuales se configura el crimen de odio como delito consumado.
12. Incluir en el Artículo 295.1 del Título IX, Capítulo VIII sobre delitos contra el derecho de igualdad, la orientación sexual, el género y la identidad de género como causales de discriminación. Comprender en este, tantas agravantes como en el resto de los artículos.
13. Incluir en el Artículo 295.2 la incitación al odio, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, la posición económica, la región de origen, la discapacidad, la edad, el estado civil y la situación familiar, el estado de salud, el lugar de residencia, la posición socio-económica.
14. Retirar el artículo 299.1 relativo a la pederastia con violencia. Incorporarlo en el 298.1 como violación, sin hacer referencia al género de la víctima o el victimario.
15. Eliminar de los artículos 310.1 y 314 la referencia explícita “actos heterosexuales u homosexuales, u otras de las conductas deshonestas de las previstas en este Código”
16. Modificar el Título XI: Delitos contra el normal desarrollo de las Relaciones Sexuales y contra la Familia, la Infancia y la Juventud. Ej. Delitos contra la Sexualidad, la Familia, la Infancia y la Juventud. Definir la sexualidad humana como el bien jurídico a proteger.

Código de Trabajo:
17. Incluir la prohibición de discriminar por razones de identidad de género y estado serológico respecto al virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) en el Artículo 2, inciso b. Estos motivos de discriminación estuvieron comprendidos en el anteproyecto de Código de Trabajo discutido en la Asamblea y fueron retirados.
18. Implementar artículos específicos que garanticen la protección y reconocimiento de los derechos laborales de las personas LGBTIQ. Las relaciones jurídicas laborales deberán ser explícitas en cuanto a proteger a las personas con VIH/sida y personas trans de la violencia laboral y el acoso sexual, así como no proscribir las relaciones amorosas entre las personas siempre que no tipifiquen como nepotismo.

Código de la Niñez y la Juventud:
19. Incorporar el principio de no discriminación por orientación sexual e identidad de género en todos los contextos familiares, institucionales y en la comunidad donde crece y se desarrolla la persona menor de edad.
20. Reconocimiento de la persona menor de edad como sujeto de derecho en toda su dimensión, con mención explícita a que las personas intersex no sufran modificaciones médicas correctoras de los genitales hasta que tengan capacidad para consentir sobre dichas prácticas de forma libre e informada. En estos casos como en cualquier otro concerniente a los niños y niñas se deberá tener en cuenta su interés superior.
21. Regular que la familia tiene el deber de apoyar y proteger a sus sucesores, independientemente de su orientación sexual e identidad de género.

POLÍTICAS, PLANES Y ESTRATEGIAS

Acceso a la información:
22. Implementar herramientas para acceder a la información estadística sobre criminalidad y violencia que se encuentran en manos de instituciones públicas.
23. Incorporar la variable orientación sexual e identidad de género de las víctimas en las informaciones anteriormente mencionadas.
24. Incorporación activa y sistemática al dominio público de información, que permita educar a la población en el disfrute de una sexualidad plena, basada en la igualdad y la no discriminación.
25. Crear un Centro de Información y Documentación frente a las discriminaciones, que lleve un registro de hechos de este tipo, a partir de investigaciones y/o denuncias realizadas por la población, organizaciones de la sociedad civil, instituciones estatales y otros actores sociales.
26. Estimular la generación de investigaciones públicas y accesibles que describan la realidad que viven las personas LGBTIQ.

Capacitación y sensibilización
27. Profundizar en la capacitación a los miembros de la Policía Nacional Revolucionaria y a los profesionales del derecho, acerca de derechos humanos y diversidad sexual para prevenir la discriminación y estigmatización de las personas LGBTIQ.
28. Implicar como capacitadores a activistas de derechos sexuales, sin que se constriña la participación solo a los grupos reconocidos por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX).
29. Adoptar e implementar políticas públicas educativas, culturales, entre otras, que generen conciencia ciudadana sobre la necesidad de reconocer los derechos de las personas LGBTIQ. Entre ellas, campañas que sensibilicen a la sociedad cubana para prevenir los crímenes de odio.
30. Socializar e implementar el Programa Nacional de Educación Sexual a todos los niveles de enseñanza, con énfasis en los principios de igualdad y no discriminación.
31. Capacitar al personal de Salud Pública a fin de implementar políticas acordes a las necesidades de las personas LGBTIQ.
32. Identificar el estigma y la discriminación como factores de riesgo y de vulnerabilidad para la transmisión del VIH, durante las campañas y capacitaciones que se realicen.
33. Desarrollar talleres de capacitación y sensibilización con las organizaciones de mujeres para que se canalicen las necesidades y reivindicaciones de mujeres lesbianas y trans a través de la Federación de Mujeres Cubanas.
34. Capacitar al personal de las instituciones del sistema educativo a fin de que se reconozcan, respeten y protejan los derechos sexuales y humanos de las personas LGBTIQ, como garantía para su acceso a la educación y permanencia.

Acceso a la justicia:
35. Crear normas y protocolos dirigidas a las instituciones del Estado, con especial énfasis a las autoridades policiales, que garanticen la plena expresión y protección de las personas LGBTIQ en los espacios institucionales y públicos.
36. Exigir al Departamento de Protección a los Derechos Ciudadanos de la Fiscalía General de la República que atienda sistemáticamente, desde todos sus niveles, los casos de detenciones arbitrarias, crímenes por prejuicios y otras violaciones motivadas por orientación sexual e identidad de género.
37. Instar a la Oficina de Mediación de Conflictos de Violencia, Sección Género y Derecho de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, su intervención en el acompañamiento a las personas LGBTIQ, cuyos derechos hayan sido violados por motivos de orientación sexual e identidad de género.
38. Establecer procedimientos jurídicos e investigativos para asegurar que las víctimas de violaciones a los derechos humanos por motivos de orientación sexual e identidad de género tengan acceso a la reparación, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Artículo 26 de la Constitución.
39. Ampliar la capacidad de actuación de los abogados para que, en el ejercicio de representación durante la gestión de la demanda de derecho, se agilicen las respuestas efectivas ante las violaciones de derechos humanos.
40. Regular la aplicación del derecho de admisión por parte de las instituciones estatales y privadas sobre la base de trato igual y no discriminatorio. Exigir que todo recinto que lo proclame exponga claramente cuáles son los requisitos para acceder al lugar.
Protección a los defensores de derechos de las personas LGBTIQ:
41. Incorporar una política de protección contra actos violentos e intimidaciones cometidas por parte del sector privado y autoridades públicas de manera que los defensores de derechos de las personas LGBTIQ puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión.
42. Modificar la Ley de Asociaciones, de manera que sea viable el registro legal de los colectivos y organizaciones que abogan por el reconocimiento y protección de los derechos sexuales y humanos de las personas LGBTIQ.

Programas:
43. Implementar un programa de reproducción asistida para mujeres y para hombres, sin necesidad de especificar su orientación sexual, identidad de género o estado civil.
44. Redefinir el trabajo de las “Casas de Orientación a la Mujer y la Familia” para su reactivación y lograr nuevamente el papel social que le corresponde, sobre todo en el abordaje de violencia de género.
45. Implementar políticas públicas para el mejoramiento de las condiciones socieconómicas de las personas que practican el trabajo sexual como forma de subsistencia, sin privación de su libre movimiento ni violación de otros derechos inalienables.
46. Impulsar desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social programas que contemplen la elaboración de una guía de buenas prácticas empresariales y de relaciones laborales, que busquen la creación de espacios libres de homofobia y transfobia.
47. Promover la ejecución de programas conjuntos entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Central de Trabajadores de Cuba y los sindicatos con el objetivo de abrir espacios de discusión y debate para la erradicación del acoso, la violencia y las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral.
48. Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo para las personas trans y de las personas con VIH/sida, respetando su grado de formación profesional y su profesión u oficio, en especial en dependencias del Estado.
49. Solicitar a la Federación de Estudiantes Universitarios que se reconozca como un principio de la FEU la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, reflejándolo en el ABC y ratificándolo en las Disposiciones generales de sus Estatutos.
50. Solicitar al Ministerio de Educación Superior incorporar los conceptos de orientación sexual, género e identidad de género en los planes de estudio de todos los niveles de enseñanza. Que rediseñe el contenido de las asignaturas y la malla curricular conforme al PRONESS, eliminando cualquier vestigio de sexismo, estigma, discriminación o información no basada en el conocimiento científico.
51. Institucionalizar la perspectiva de género y enfoque de diversidad sexual como política de Estado a fin de que esta no dependa de personas sensibilizadas.

Participación en la vida pública:
52. Exigir a los cuerpos armados la plena protección de personas no heterosexuales y transgéneros contra actos de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.
53. Participación pública y activa de las personas que inciden en la toma de decisiones en la defensa y promoción de los derechos de las sexualidades y géneros no heteronormativos.
54. Libre acceso a los medios de prensa para expresar las posturas y visiones de las personas LGBTIQ.
55. Recomendar a las instituciones estatales ampliar las categorías sobre la sexualidad y el género presentes en sus planillas de trámites. Ej: femenino, masculino y otros.
56. Desestimar en los reglamentos de los cuerpos armados las bajas por conveniencia que estén motivadas por la orientación sexual e identidad de género.

Reconocimiento de la personalidad jurídica:
57. Aprobar una Ley de Identidad de género, con pleno reconocimiento de la identidad de género con la que la persona se identifica, independientemente a la realización de la cirugía de adecuación genital, en el cual su proceso de cambio de identidad se garantice mediante proceso administrativo. Deberá estar acompañada de normas jurídicas y procedimientos efectivos para que las certificaciones de nacimiento, los pasaportes, los registros electorales, y otros, muestren la identidad de género autodefinida.
Tratamiento de la sexualidad en los establecimientos penitenciarios:
58. Reformular las políticas hacia la población penal LGBTIQ así como a las personas seropositivas al VIH. Se deberá tener en cuenta cualquier necesidad derivada de su orientación sexual e identidad de género, incluyendo el respeto de sus derechos reproductivos y el acceso a la adecuación sexual si lo desea.
59. Exigir al Ministerio del Interior la creación de pabellones para las personas LGBTIQ recluidas.
60. Capacitar al personal penitenciario sobre los principios de igualdad y no discriminación respecto a la orientación sexual e identidad de género de la persona en estado de reclusión.
Prostitución, proxenetismo y trata de personas:
61. Eliminar las manifestaciones de acoso y de «saneamiento social» parcializadas a la práctica de la prostitución, y penalizar al cliente y al proxeneta, cuando se demuestre coerción, violencia, intimidación o delito consumado de trata o tráfico humanos.

Acceso de las personas trans a servicios de salud especializados:
62. Descentralizar, tanto como sea posible, las cirugías de adecuación genital, la asesoría, la evaluación por equipo de salud mental si se requiere, los tratamientos hormonales, la terapia de voz, la depilación láser, las cirugías “feminizantes” o “masculinizantes”, y otros tratamientos para las personas trans que lo requieran.
63. Garantizar el acceso de las personas trans a tratamientos de salud, sin que sea requisito obligatorio la valoración sicológica, someterse a la castración hormonal o a la cirugía de adecuación genital.

La Habana, mayo de 2018

Firman este documento:

Lidia M. Romero Moreno
Isbel Díaz Torres
Yadiel Cepero Madruga
Marta María Ramírez
Juana Mora Cedeño
Jimmy Roque Martínez
Yurena M. Manfugás Terry
Deyni Terry Abreu
Roberto Ramos Mori
Alberto Roque Guerra
Yaíma Pardo la Red
Julio Antonio Fernández Estrada
Jorge Luis Casas Batista
Sandra Abd´Allah-Álvarez Ramírez
Carlos Alejandro Rodríguez Martínez
Maikel González Vivero
Yasmín Silvia Portales Machado
Pedro Manuel González Reinoso

DESCARGAR Agenda por los derechos de lesbianas gays bisexuales trans intersexuales y queers en Cuba

La libertad de expresión no es tal cuando desconoce nuestros derechos

Por Lirians Gordillo Piña

Creo en las palabras, en su fuerza, en su impacto en nuestras vidas. Sobre todo creo en la responsabilidad social y los sentidos que implica usarlas, callarlas, cambiarlas. La distancia entre las opiniones y los derechos es corta. Miremos la historia y el presente.

En el caso de las mujeres, históricamente se han violado nuestros derechos en función de creencias patriarcales —opiniones fundamentadas desde la religión, la economía, la cultura, la política e, incluso, la psicología y la biología—.

Hoy sobran ejemplos lamentables:

  • El presidente Donald Trump está contra el abortoy tres días después de tomar posesión del cargo firmó un decreto que impide financiar con fondos federales a ONGs que asesoren o informen a las mujeres sobre el aborto. No importa que, según un reporte de 2016, “220 millones de mujeres en todo el mundo carecen de acceso a métodos anticonceptivos eficaces, a pesar de querer evitar el embarazo” y que “solo en América Latina y el Caribe se dan más de cuatro millones de abortos inseguros al año”.
  • Un criterio homofóbico, sin sustento científico, limita el derecho de adopción a parejas homosexuales. En menos de una veintena de países existe el derecho pleno a adoptar.
  • En Cuba quienes hacen publicidad —estatal y privada— parecen coincidir en la idea de que la belleza “más comercial” es blanca, heterosexual y joven. Mientras que en el Noticiero Nacional de Televisión, el pasado 6 de marzo, pudo escucharse la ternura como una de las “cualidades propias” del sexo femenino.

Por eso, no creo en la libertad de expresión de la misoginia, la homofobia, el racismo, la explotación capitalista, el fundamentalismo religioso, la depredación ambiental y la discriminación religiosa.

Cuando la discriminación se expresa libremente, de manera sutil o despampanante, resta terreno a nuestros derechos y debe ser analizada, criticada y sancionada.

Pero a veces es fácil caer en el relativismo de la tolerancia y el “debate democrático” si: el machismo y la homofobia revelan desde un cuerpo de mujer u homosexual; se entremezclan con un discurso “revolucionario” o  “de crecimiento espiritual” o porque definitivamente se entiende como un tema menor y la altura del arte, del discurso público, de la ciencia y la política no disminuye aunque sea misógina, machista, homofóbica.

Pero fuera de toda ideología y más allá de decisiones personales, está la humanista cualidad de la empatía y la responsabilidad social que me aconseja callar antes que vulnerar el derecho de quien no está en mis zapatos.

No soy una de las 47,000 mujeres que mueren en el mundo por abortos inseguros. A diferencia de las cubanas ellas no tienen un acceso gratuito, especializado y en instalaciones hospitalarias. Muchas niñas, adolescentes y mujeres no tienen una segunda oportunidad porque decidir sobre su cuerpo les costó la vida o más de 20 años de prisión.

Por eso no creo en la libre expresión inconsciente de que un NO al aborto entroniza con el control de nuestros cuerpos y nuestra sexualidad.

Tener otro rostro, ponerme otro nombre, pisar otra tierra, amar a otra persona, oscurecer mi piel, profesar una fe, puede hacerme protagonista de los relatos de este siglo XXI donde posesión demoníaca sigue siendo sinónimo de hoguera para mujeres locas y promiscuas.

Por eso la libertad de expresión no es tal cuando desconoce nuestros derechos.

 

Foto de portada: Ailynn Torres Santana
Tomado de Asamblea Feminista.

 

¿Madres de la nación? Notas sobre el derecho al aborto, la natalidad y los cambios en Cuba

Por Ailynn Torres Santana

Este año morirán aproximadamente 80 mil mujeres no debido a guerras, hambrunas, accidentes o desastres ambientales; morirán a causa de abortos clandestinos. Otros cinco millones de ellas ―entre las cuales estarán 800 mil latinoamericanas― tendrán hospitalización como consecuencia de interrupciones de embarazos, quedarán estériles o sufrirán alteraciones reproductivas o de otro orden de salud biológica durante el resto de su vida, causadas por abortos en condiciones inseguras. En efecto, 20 millones de abortos ―cerca de la mitad de la cifra anual― son practicados en todo el mundo en escenarios inadecuados o son auto-inducidos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 12 por ciento de las muertes maternas en América Latina y el Caribe, se debieron a ese tipo de abortos. A pesar de esas cifras, que podrían reducirse drásticamente a través de políticas públicas, el aborto legal y seguro es sumamente escaso.

El asunto se ha analizado desde perspectivas disímiles, que involucran contenidos políticos, socioeconómicos, sanitarios, demográficos y religiosos. A la fecha, el cariz del debate se enfoca, en parte importante, en términos de derechos. En el 2016, por primera vez el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consignó explícitamente que el aborto es un derecho. En ese orden de cosas, se ha argumentado que cuando las mujeres se ven limitadas a tomar decisiones autónomas con respecto a su reproducción, se restringe un catálogo importante de derechos humanos relacionados con la autodeterminación, la libertad, la salud, la reproducción de situaciones de mayor desventaja social a las cuales arriban algunas mujeres que afrontan una maternidad no planificada o deseada, las potenciales desventajas laborales en contextos de franca mercantilización del trabajo, o, incluso derechos a la libertad religiosa: “no se puede obligar a que las mujeres cumplan con leyes basadas en doctrinas de fe”. Si usted no quiere abortar, no aborte; es una de las tesis de movimientos pro-legalización del aborto, pero de ello no puede derivarse regulación alguna del conjunto social.

La politización del debate sobre el aborto desde los Estados se ha relanzado con el anuncio del gobierno boliviano de la discusión, en el Congreso, de nuevas causales para la práctica legal del aborto en ese país; entre ellas, la pobreza extrema. El hecho es inédito. Hasta el momento, en los países donde el aborto no es legal en cualquier caso, las causales de despenalización suelen ser alguna(s) de las siguientes: violación, peligro para la vida de la madre y/o del feto, inviabilidad fetal, incapacidad mental. Pero Bolivia pone el dedo sobre una de las llagas: las mujeres pobres tienen más posibilidades de morir durante abortos clandestinos y las mujeres pobres tienen menos posibilidad de afrontar la maternidad. La investigación feminista ha documentado este particular. Como ha señalado la académica y militante feminista Silvia Federici, en Estados Unidos, mujeres negras y pobres corren el riesgo específico de ser despedidas por estar embarazadas; en Italia, las madres solteras que solicitan algún tipo de ayuda a los servicios sociales se arriesgan a perder a sus hijos y que éstos sean dados en adopción. En América Latina, las mujeres con hijos, las mujeres negras o indígenas, tienen muchas menos posibilidades de ser contratadas o mantener sus empleos. En realidad, podrían listarse muchos ejemplos.

La lucha por los derechos reproductivos ha sido central en las agendas feministas, sobre todo desde mitad del siglo XX. Sin embargo, el asunto no se localiza “solo” en las agendas de los movimientos feministas ni ha encontrado oposición histórica solo en los movimientos religiosos calificados como “pro-vida”. Los Estados han intervenido sistemáticamente en los cuerpos de las mujeres, bajo el argumento de las “necesidades de la nación”. Desde finales del siglo XVII se registra una preocupación estatal, refrendada por las burguesías nacionales europeas, por regular la reproducción social y biológica del cuerpo nacional. En lo adelante, ello alcanzaría todas las geografías estatales y se asentaría en la convicción ad hoc de que somos las mujeres las reproductoras de las naciones, biológica, cultural y simbólicamente. Ese rol se ha naturalizado hasta tal punto, que la responsabilidad del Estado con sus ciudadanos se ha trasmutado en derecho del Estado de intervenir en el cuerpo de las mujeres y su reproducción biológica. A las mujeres se nos ha instado a parir los soldados de la patria, la mano de obra para el desarrollo, y hemos debido, también, dejar de parir cuando el crecimiento demográfico se ha entendido como causa del estrangulamiento de las economías nacionales y como perjuicio para la nación.

Tal como argumenta Nira Yuval-Davis, en circunstancias históricas específicas, algunas o todas las mujeres en edad reproductiva “serán exhortadas, a veces sobornadas, y otras veces obligadas, a tener más o menos niños”. En efecto, así ha sucedido. A inicios de los 2000, por ejemplo, en Japón el gobierno recompensó monetariamente a las familias por hijo que tuvieran en edad escolar, y se exhortó a la natalidad a través de la publicidad televisiva, alegando el bienestar de la nación, en un contexto de temor por el decrecimiento poblacional. En otras geografías, como Australia, el llamado ha sido “poblar o perecer”. En otros lugares se ha hablado de “madres heroínas”, de las responsabilidades de las mujeres en la “carrera demográfica”, o de que las mujeres no tienen derecho a abortar a los “defensores de la nación”. La cuestión ha estado indexada a argumentos “raciales” que han promovido la reproducción de ciertos grupos y no de otros. A inicios del siglo XX, Theodore Roosevelt alegó que la esterilización voluntaria de las mujeres blancas de “buenas familias” era “un pecado cuya pena es la muerte nacional, el suicidio de la raza”. Planteos y políticas en esa línea tuvieron lugar en la Bulgaria de los 1990, o en la Alemania nazi. En sentido contrario, en 1927 la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo la constitucionalidad de una ley de esterilización involuntaria en Virginia, y en numerosas ocasiones se han descrito prácticas contemporáneas no oficiales dirigidas a la esterilización de personas con necesidades especiales. En países de elevado crecimiento demográfico, el control de la población ha tomado la forma de esterilizaciones masivas sin consentimiento a mujeres que se someten a cesáreas, etc. (Yuval-Davis 2004).[i]

De otro lado, parte de las reivindicaciones de las mujeres y del incipiente movimiento feminista a inicio del siglo XX se amparó en su “maternización”; las mujeres requirieron, desde sus roles como madres, sus derechos de ciudadanía. Las madres de la nación con responsabilidad biológica y cultural frente a la patria, constituyeron un sujeto político importante en la historia de los feminismos y desde ese lugar construyeron agendas sobre la protección social, su participación política y su participación económica. En sentido contrario, durante la segunda post-guerra, se produjo una desafección de las mujeres hacia la cuestión de la reproducción sobre todo en Europa, y la maternidad tuvo un proceso de des-idealización frente a la masacre y el horror de la guerra.

Con las referencias anteriores he querido llamar la atención sobre el hecho de que cualquier discusión sobre los derechos reproductivos de las mujeres necesita tomar en consideración los discursos y prácticas de las políticas nacionales. El aborto está estrechamente relacionado con el control de la reproducción en sus diferentes formatos.

Cuba, el aborto y las madres de la nación

En las últimas semanas, se ha relanzado en Cuba un debate sobre la natalidad y el aborto en diversos espacios y a propósito de diversas razones. El tema cantado por la cubana Danay Suarez en el Festival de Viña del Mar en 2017, que incluyó una referencia de desacuerdo con el aborto basada en su fe religiosa, capitalizó la discusión sobre su polémica participación en el certamen. Ello se debió, entre otras razones, a que el suceso tuvo lugar en el contexto chileno, donde se libra una prolija y aguda lucha en torno a la legalización del aborto como derecho, y donde los colectivos feministas cuentan con la furibunda oposición de sectores conservadores de la política y la moral. A propósito del evento, se registraron en las redes sociales debates sobre el derecho al aborto en Cuba.

Asimismo, intelectuales y militantes feministas se han pronunciado sobre lo que consideran indicios polémicos en torno a un tema ―el aborto― consignado como un derecho para las mujeres cubanas. Esas voces esperan contener cualquier posibilidad de cambio al respecto, y desnaturalizar lo que reconocen como una verdadera conquista.

Por otra parte, la prensa estatal cubana anunció recientemente la aprobación de una serie de Decretos Leyes y Resoluciones ―publicadas en la Gaceta Oficial― que aspiran a estimular la natalidad en el país. Entre ellos, la extensión de los derechos de licencia de maternidad y paternidad a los abuelos y abuelas, la disminución de los pagos en las guarderías estatales, la disminución de los impuestos por ingresos personales a las mujeres que trabajan en el sector privado y sean madres, etc.

Ciertamente, como es conocido, el escenario demográfico cubano es preocupante, de cara a la economía nacional y para las políticas públicas en sus diferentes despliegues. Sin recambio poblacional desde hace décadas, con las tasas de natalidad más bajas de la región y altas tasas de emigración, con una elevada esperanza de vida y un acelerado envejecimiento poblacional, es inminente el estímulo a la natalidad ―junto a otras medidas― que garantice, a mediano y largo plazo, la fuerza de trabajo necesaria en los campos económicos del país. Sin embargo, y frente a las alertas recogidas por diferentes voces de la sociedad civil cubana, considero relevante mirar el asunto desde la complejidad que él informa y, también, como requerimiento de análisis feministas en el espacio público de la Isla. A continuación, punteo algunas de las alertas que pueden tenerse en cuenta para encarar esos desafíos:

1. En primer lugar, es necesario que el pensamiento feminista cubano ―el que existe y el que pueda construirse― acompañe la formulación e implementación de las políticas estatales de estímulo a la natalidad. Ello es necesario para que las mismas sean igualitariamente aplicadas y no deriven en una farsa que eventualmente excluya, por ejemplo, a las mujeres que trabajan en el sector privado de la economía y que muchas veces quedan sujetas a políticas “privadas” de regulación de los mundos del trabajo, en desmedro de sus derechos de maternidad o sus derechos laborales en general. No basta con que se disminuyan los impuestos personales; es necesario que se hagan cumplir y se amplíen las normativas laborales garantes de derechos especialmente para quienes trabajan en el sector privado, y también para todas las trabajadoras.

2. En segundo lugar, y sin negar lo bienintencionadas y bien-pensadas nuevas medidas de estímulo a la natalidad, es necesario un pensamiento feminista que desde la sociedad civil observe lúcidamente las derivas de estas y otras políticas ―esto es, sabiendo que ellas encarnan una línea histórica de intervención de los Estados en los derechos reproductivos de las mujeres― y que, al mismo tiempo, construyan agendas sociales y políticas que integren otras áreas de demandas por la equidad de género, como las débiles infraestructuras del cuidado, por ejemplo.

3. En tercer lugar, entiendo que la observación de las políticas de estímulo a la natalidad es imprescindible para asegurarnos que, en ningún caso, ellas deriven hacia la restricción del derecho al aborto consignado en Cuba, y hasta el presente acompañado de exitosas campañas de educación sexual. A la fecha, el derecho al aborto es innegociable.

4. Por último, considero que lo dicho antes conduce hacia una pregunta relevante sobre cómo las mujeres “entramos” en el proceso de “actualización” de la economía y la política social cubana. ¿Cómo madres de la nación? ¿Cómo reproductoras de la fuerza de trabajo? La respuesta puede ser positiva, sin que ello suponga, al menos como está planteado en este momento, restricción de derechos. Sin embargo, la política se trata de repensar, todo el tiempo, el balance de fuerzas, las rutas de inclusión y de exclusión. Por tanto, el derecho de las mujeres a decidir si queremos ser madres o no, cuántos hijos tener, y cuándo, es solo uno de los asuntos de una potencial agenda feminista en Cuba. Las demandas que la integren ―algunas cumplidas, algunas ausentes, y algunas por construir― darán fe sobre nuestros roles ejercidos y deseados en la comunidad nacional realmente existente y en la que podamos continuar construyendo en lo adelante.

Tomado de Cubaposible.