Declaración del Colectivo Cuba Liberación Negra


Somos personas Negras cuir cubanas que, desde una perspectiva abolicionista y antiimperialista, militamos dentro y fuera de Cuba, algunas afiliadas a grupos de liberación Negra y al movimiento Black Lives Matter en las ciudades y países donde residen. Con el presente comunicado pretendemos denunciar la invisibilización de las realidades de las personas Negras cubanas, especialmente en el contexto de crisis económica que se vive en Cuba, agravado por la pandemia de COVID-19, y tras las manifestaciones sociales que han tenido lugar desde el 11 de mayo del 2019 hasta las más recientes del 11 de julio de 2021.

Cualquier valoración que se realice sobre la situación de derechos humanos de la población afrocubana debe partir del reconocimiento del racismo estructural y la discriminación racial en todos los ámbitos de la sociedad cubana. Frases como “la revolución hizo a los Negros personas”, por ejemplo, refuerzan el mito de que el proceso revolucionario acabó con la desigualdad y la discriminación raciales y pretenden colocar a las personas Negras en un lugar de subordinación e indefensión y eterno y acrítico agradecimiento. Además, desconoce los logros y luchas de las poblaciones Negras en Cuba anteriores a 1959 y les deshumaniza. Antes de 1959 ya eran personas. Tanto las personas esclavizadas en Cuba como sus descendientes participaron de manera destacada de las gestas libertarias y en el desarrollo económico, cultural, político, científico y social de la nación. Fueron protagonistas de la historia y no simples espectadoras que esperaron a que los poderes blancos reivindicaran sus derechos. La revolución no fue solo ni fundamentalmente blanca.

El uso de expresiones peyorativas como “coleras”, “revolucionarios confundidos”, “vándalos”, “mercenarios”, “delincuentes”, “malandrines”, para intentar estigmatizar a quienes disienten del gobierno, protestan o intentan sobrevivir en un contexto adverso, revela una visión despectiva del propio pueblo cubano y, en particular, de su lado afrodescendiente. Encierran en sí mismas tanto el racismo como el clasismo que refuerzan el gobierno, las instituciones y los medios de comunicación oficiales, al tiempo que sirven para criminalizar a quienes sufren pobreza y desigualdad. No podemos pasar por alto que muchas de las personas en las que recaen esas etiquetas son afrodescendientes de comunidades cada vez más marginalizadas por las últimas reformas económicas y vulnerables a los abusos de poder.

Y esa marginalización tiene que ver con cómo la hegemonía blanca ha delimitado los espacios de relaciones (sociales, económicos, culturales) y los territorios. Fenómenos como la gentrificación en Cuba toman características particulares cuando el Estado desplaza a residentes de barrios neurálgicos -como La Habana Vieja- hacia viviendas en la periferia de la ciudad, con el fin de construir hoteles. Del mismo modo, decenas de miles de personas Negras viven hoy en asentamientos donde no se les satisfacen las necesidades básicas y en condiciones de “ilegalidad”.

Durante y después de los sucesos del 11 de julio hemos visto innumerables fotos y videos en los que personas Negras, especialmente jóvenes, son víctimas de la brutalidad policial, de las fuerzas militares y paramilitares. A pesar de que la policía cubana está formada en un número considerable por personas Negras, que en muchas ocasiones provienen de zonas orientales afectadas por pobreza extrema, en busca de salarios medianamente altos, la hegemonía blanca instrumentaliza las necesidades y aspiraciones de las personas Negras y enfrenta unas contra otras. Este es quizás el ejemplo más rotundo de cómo funciona el racismo estructural en Cuba.

Pero la brutalidad policial no implica únicamente la violencia física sino también otras formas de violencia mucho más solapadas, pero igual de condenables, que se ejercen a través de la vigilancia, el acoso, amenazas, citaciones extrajudiciales, interrogatorios, prohibiciones de salir del país, cercos policiales afuera de las viviendas o en calles aledañas, etcétera. Es importante mencionar que personas activistas antirracistas han sido reprimidas por su lucha contra la discriminación racial. Y sus parejas, familiares y amistades también han vivido situaciones de violencia.

Además, queremos recordar que la policía cubana suele operar con un perfil racial. Muchas veces los jóvenes negros son considerados y tratados como delincuentes en potencia solo por el color de su piel. Y esto nos lleva a preguntarnos sobre la composición racial que predomina en las cárceles cubanas. Una información que probablemente el gobierno posea, pero que hasta ahora no es de acceso público. De hecho, muchos de los datos recogidos en censos y encuestas no son procesados, presentados o publicados teniendo en cuenta el color de la piel.

La existencia de la figura legal conocida como “estado de peligrosidad”, que tiene el fin de contribuir al control social y ha llevado a prisiones a personas consideradas por las autoridades “proclives a cometer delitos” -entre ellas trabajadores sexuales y consumidores de drogas-, nos obliga también a preguntarnos si el color de la piel no estará siendo un elemento que se use, de manera más o menos consciente, para determinar quiénes son “proclives a cometer delitos” y deben sufrir sanción penal. Lamentablemente, nos faltan las estadísticas actualizadas para confirmar que la población negra es mayoría en el sistema judicial-carcelario cubano.

Sin embargo, sí sabemos, por testimonios de personas que han estado encarceladas y sus familiares, que en las prisiones cubanas hay graves problemas de hacinamiento, precariedad alimentaria, falta de condiciones higiénicas adecuadas, restricción de visitas familiares, entre otros. Si la situación de la generalidad de la población y en especial de quienes se encuentran en los centros de aislamiento como parte de los protocolos para enfrentar la COVID-19, es ya extremadamente difícil, podemos suponer que en las cárceles debe serlo aún más.

En el caso de las personas Negras cuirs, no binarias, agénero, trans, etcétera, la criminalización se relaciona con el control y el policiamiento de sus cuerpas, la forma de vestir, las expresiones de género y de la sexualidad. Estas personas son arrestadas y encarceladas con más frecuencia que otros grupos de la sociedad y sufren el binarismo y la violencia de género que el sistema penitenciario refuerza. El hecho de no respetar el nombre según la identidad de género, tan común en las detenciones por parte de la policía, representa una conducta represiva que responde al “cis-tema” sexo-género por el cual vela la hegemonía blanca.

El debate internacional sobre el punitivismo, la criminalidad, la función de las cárceles y la inoperancia del poder judicial aún no llega a Cuba con toda la fuerza que ha llegado a otros países; en gran medida, gracias a movimientos feministas y antirracistas. Dicho debate se centra en el cuestionamiento de la efectividad del castigo, la pertinencia del sistema judicial, la invisibilización de las personas Negras cuirs, no binarias, agénero, trans, etcétera, y la violencia en las prisiones.

Nuestra propuesta es pensar y desarrollar alternativas y estrategias contra los sistemas que nos oprimen y nos impiden tener una vida digna y emancipada. Esto implicaría garantizar los derechos humanos de las personas presas al tiempo que trabajamos para eliminar el uso de la prisión como método de control social.

Considerando todo lo anterior, exigimos a las autoridades cubanas:

  1. Reducir drásticamente la población carcelaria y poner fin al uso de la prisión como método predeterminado de abordar las problemáticas sociales.
  2. Disminuir la inversión en los cuerpos policiales, sectores represivos, armamento, patrullas, indumentaria antimotines, etcétera.
  3. Impulsar políticas y campañas educativas contra el racismo y la discriminación racial.
  4. Detener la criminalización del ejercicio de libertades civiles y políticas.
  5. Garantizar la participación de la ciudadanía en la vida política del país con autonomía del Estado y sus instituciones.
  6. Detener la criminalización de la población afrodescendiente y de las personas en condiciones de vulnerabilidad social o económica.
  7. Eliminar la figura del “estado de peligrosidad” del código penal cubano.
  8. Garantizar el acceso público a información actualizada y verificable sobre la realidad de las cárceles cubanas: número de cárceles, cantidad de personas que cumplen una sanción penal y su distribución por edad, género, lugar de origen, color de la piel, delito que se le imputa, etc. Publicación de dicha información en sitios y medios de prensa
    oficiales.
  9. Adoptar medidas urgentes que permitan responder de manera oportuna a las problemáticas de los sistemas penitenciarios que estarían siendo exacerbadas en el contexto de la pandemia.
  10. Velar por el cumplimiento de las garantías procesales en todos los juicios.
  11. Propiciar el debate sobre punitivismo y sistema carcelario en Cuba a través de los medios de comunicación y el sistema educativo, que incluya abordar la problemática del uso del castigo para resolver problemas sociales.
  12. Garantizar el acceso pleno y sin condiciones de las personas privadas de libertad a servicios de salud, higiene, visitas de sus familiares y amigues, alimentación adecuada, actividades recreativas, etcétera. Dichas medidas no deben tener como fin la creación de un sistema penal más fuerte, sino su abolición.
  13. Invertir en recursos sociales que contribuyan a una verdadera seguridad pública basada en la justicia social y la equidad.
  14. Liberar a las personas encarceladas por motivos políticos en Cuba.

Cuba Liberación Negra

Texto escrito por: Odaymar Cuesta, Sandra Alvarez y Marlihan Lopez

30 de julio del 2021

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